El Gobierno intenta frenar el deterioro institucional
Es un avance que recibimos con alivio: el Gobierno va a poner fin al secuestro del Tribunal Constitucional al suprimir la mayoría de tres quintos en el CGPJ para elegir magistrados y cambiarla por una mayoría simple. Y proponen que aquellos de sus miembros que bloqueen la renovación respondan penalmente. De momento se concentra solo en la elección del TC, pero es evidente que podría ampliarse al propio consejo rector de la judicatura. Se trata del principio de una reacción -tardía sin duda- que puede suponer cambios esenciales en el inmenso deterioro institucional que estamos sufriendo en España. Cuatro años con el Poder Judicial caducado y el atrincheramiento del ala conservadora del Tribunal Constitucional, declarada en rebeldía. Ya no faltó sino la declaración de Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, confesando sin pudor alguno que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez. Fue el Día de la Constitución, demostrando el nulo respeto que siente por ella e incluso por la democracia. No cabe otra respuesta que dejar de considerar al PP indispensable para los nombramientos de los órganos clave de las instituciones, contando con otras mayorías.
España alcanza ya un punto insostenible. Por supuesto, la derecha política y mediática se ha tirado a la yugular del Gobierno. Quienes mantienen fuera de plazo el control del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no entienden que haya de ser de otra manera, digan lo que digan las urnas. Y acusan al Ejecutivo de intentar hacer lo que ellos hacen fraudulentamente. Sin duda, el ala derecha del PSOE -indistinguible del PP- y la colección de jarrones chinos han pesado en no tomar antes medidas ante este ataque flagrante a principios esenciales. De no tomar las riendas para acabar con el grave quebranto de la democracia española.
Es una cadena que nos tiene atrapados a los demócratas en un desasosiego que no se corresponde con la realidad del Gobierno y de la sociedad. No admiten que la obligación que otorga el mandato de las urnas es precisamente gobernar. Con el mayor consenso que se pueda, desde luego, pero sin admitir trampas y chantajes.
La reforma del Código Penal -que por cierto fue a su vez modificado por Rajoy y Gallardón- contiene a propuesta del Gobierno otros cambios como castigar el delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos con hasta tres años de cárcel. Y van a estudiar la propuesta de ERC para rebajar a tres años la condena máxima de cárcel de quien malverse dinero público sin beneficio personal. Es el caso de los condenados en el procés, por poner unas urnas para votar, y todavía ha enfurecido más a los "a por ellos". En las tertulias siempre hay alguien a quien todo le parece inoportuno, como si fuera obligatorio que todo el país fuera de derechas y de qué derechas.
La peculiar derecha española y los medios a su servicio han sacado toda la batería: asalto institucional, atropello, doblegar al CGPJ, recursos, hasta una moción de censura plantea Vox.
La sensación que comunican es, como norma, de caos y abuso, con un rosario de tópicos asusta niños poco formados. Ni se paran en no manejar argumentos burdos, son mensajes masivos, repetitivos, y sus audiencias se los compran. Hoy hacen responsable a toda la izquierda española del intolerable patinazo golpista del presidente de Perú Pedro Castillo. El Perú del que no solían ocuparse ha pasado a sustituir a la “Venezuela de Maduro” ahora que además ya lo necesita Estados Unidos para comprarle su petróleo. Algunos añaden el intento de golpe ultraderechista en Alemania porque todo les sirve para ser aprovechado. Socios o promotores de estos nuevos fascismos ni se despeinan en usarlo con el mismo fin: atacar al Gobierno progresista.
La manipulación en los medios es el otro gran punto que abordar por una sociedad que quiera mantener su democracia en buen estado. Lo hemos denunciado en multitud de ocasiones ya. Siquiera preservar el derecho a la información de los ciudadanos en los medios públicos, arbitrar sanciones para las más flagrantes manipulaciones o dejar de regar con dinero público a quienes en lugar de informar tergiversan la realidad en beneficio de otros claros intereses que no son los del común de la población.
El intento de golpe en Alemania ha sorprendido a quienes no se fijan demasiado en lo que ocurre o les es hurtado. En ese país tan desarrollado sigue habiendo nostálgicos del nazismo que se unen a los militantes de las más delirantes teorías conspiratorias. Y se aporta el dato de que están presentes en la mayoría de los Lander. Esa mezcla también se da aquí, fuertemente alimentada por la manipulación. El ver además, en España, el funcionamiento anómalo de la justicia, con actuaciones de puro escándalo, tanto en acusaciones infundadas como en sobreseimientos asombrosos, añade mucha más incertidumbre.
En este clima, la reacción del Gobierno para empezar a resolver el secuestro del Tribunal Constitucional y en su caso del Poder Judicial es un paso en positivo que debe continuar por esa senda. El Gobierno ha de gobernar. Por el bien de la mayoría. Y es una deficiencia seria que algo tan básico se ponga en duda. El peligro de una involución declarada –ya en marcha- se palpa en la desfachatez de un político que, según las encuestas ad hoc, puede llegar a La Moncloa y no oculta que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez.