Ya se conocía que el fiscal general del Estado llegó aupado al cargo por un ejercicio de amiguismo de su antecesora, Dolores Delgado; que fue considerado no idóneo por el CGPJ, y que el Tribunal Supremo le reprendió por «desviación de poder» precisamente en el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala. Con estos antecedentes, poco o nada puede esperarse ya de su autonomía e independencia de criterio frente al Gobierno que lo designó. De su sumisión da prueba su actuación diaria, y por méritos propios es ya el fiscal general más dependiente de todos los fiscales generales en democracia. En efecto, no es novedoso su creciente desprestigio en la carrera. Lo que no se conocía de forma tan vehemente, como se comprobó ayer, es el empeño de Álvaro García Ortiz por ocultar al Consejo Fiscal, el órgano de representación de los miembros del Ministerio Público, que una institución como el Senado –una Cámara legislativa, ni más ni menos– le había solicitado un dictamen sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, y que lo ha silenciado ninguneando la petición hace meses. Por eso nunca se había producido una rebelión tan motivada como la que han protagonizado los fiscales de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales en el Consejo. Dada la negativa de García Ortiz a informar siquiera de que el Senado estaba solicitando un informe, los fiscales hicieron público un borrador de 160 páginas en el que concluyen de forma contundente que la amnistía es inconstitucional y contraria al derecho europeo. Y lo hacen con tanta carencia de matices, y de forma tan sólida, que llegan a sostener que García Ortiz incurre en arbitrariedad: no es suficiente justificación sostener que no procede elevar ningún dictamen al Senado porque la amnistía se tramita como proposición de ley, y no como proyecto de ley. El argumento, desde luego, tiene mucho de falacia porque en realidad la amnistía afecta de lleno a procesos penales en trámite, algunos de ellos por terrorismo, y por tanto la amnistía incide directamente en el papel y en las funciones del Ministerio Público. Negarse a que la Fiscalía emita su criterio es un sinsentido que sólo es explicable con un mínimo de lógica porque al Gobierno no le interesa. Los argumentos del borrador contra la proposición de ley del Gobierno son muchos y muy duros en sus términos. Sostienen que no es cierta esa coartada gubernamental de que lo que no prohíbe expresamente la Constitución sí queda permitido. Inciden en una afectación severa de la separación de poderes, en la vulneración del principio de igualdad ante la ley, añaden que una amnistía sólo estaría justificada ante un cambio de régimen –y no estamos en una dictadura–, y que contraviene elementales normas del derecho comunitario. Ocultar al Senado todas estas percepciones puramente técnicas es grave, entre otros motivos porque impide a los grupos parlamentarios formarse una idea del criterio de un órgano esencial como la Fiscalía. Y más aún, cuando coincide plenamente con dictámenes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, los letrados del Senado o la inmensa mayoría de los letrados del Congreso. Si a eso se añade la información que recaba hoy ABC de los fiscales alegando que en estas condiciones de dependencia total del Gobierno sería inviable que sustituyesen a los jueces en la instrucción de los procesos penales, el diagnóstico está claro: el entreguismo de García Ortiz ha provocado una rebelión de fiscales, sencillamente porque ya no se trata solo de sojuzgarlos jerárquicamente, sino de silenciarlos. Y eso en una democracia es tóxico.
