Petroperú: Poder Judicial admite demanda de amparo contra decreto que abre paso a la privatización
El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de acción de amparo presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fempetrol) contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión y la propia empresa estatal.
La decisión fue emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima mediante la Resolución N.° 01, donde se dispone "ADMITIR a trámite la demanda de PROCESO DE AMPARO" interpuesta por el sindicato petrolero.
Además, el juzgado programó una audiencia única virtual para el próximo 5 de octubre del 2026 a las 9.00 a. m., en la que las partes deberán sustentar oralmente sus posiciones.
La demanda busca que se declare inaplicable e inconstitucional el Decreto de Urgencia 010-2025, norma emitida por el Ejecutivo como parte del proceso de reorganización patrimonial y financiera de Petroperú.
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Sindicato advierte riesgo para estabilidad laboral
En el expediente judicial, Fempetrol sostiene que el decreto "introduce medidas que precarizan el empleo" y tiene "un carácter regresivo prohibido por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú".
Según el sindicato, la norma "abre la puerta a procesos de ‘reestructuración’ y ‘optimización’", debido a que traslada decisiones empresariales a ProInversión. En esa línea, advierte que "el desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de ‘optimización’".
Por ello, la federación solicita que el Poder Judicial ordene "el cese inmediato de toda amenaza o afectación al derecho fundamental al trabajo y a la estabilidad laboral" de los trabajadores afiliados al gremio.
Asimismo, pide que se declare la inconstitucionalidad de la transferencia de facultades de Petroperú a ProInversión y de la inclusión de la empresa estatal dentro del ámbito del Decreto Legislativo 674, norma relacionada con procesos de promoción de inversión privada.
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Cuestionan participación privada en activos estratégicos
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta al denominado "plan vinculante" impulsado por ProInversión, el cual contempla mecanismos de participación privada en activos estratégicos de Petroperú, como la refinería de Talara, el Oleoducto Norperuano y la red comercial.
Fempetrol considera que modalidades como concesiones, contratos de gerencia o joint ventures representarían una "privatización encubierta" de la petrolera estatal, al permitir una mayor injerencia privada en operaciones fundamentales de la compañía.
En paralelo, ProInversión asumirá un rol más activo en la supervisión de adquisiciones de petróleo crudo, derivados, aditivos e insumos críticos destinados a las refinerías y terminales de la empresa.
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Denuncian presuntas irregularidades
La federación sindical también cuestionó contrataciones y asesorías externas vinculadas al proceso de reestructuración, incluidas consultorías realizadas por empresas privadas como Deloitte.
Según el gremio, dichos contratos se habrían efectuado sin respetar plenamente los procedimientos administrativos ni los principios de transparencia en el uso de recursos públicos.
Dentro de sus argumentos, los trabajadores señalan además que el costo de la planilla de Petroperú para 2025 asciende a US$128 millones, monto que, afirman, "representa apenas el 3,77% del total de ingresos" y el "3,49% de los costos y gastos".
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PJ notificará a entidades demandadas
En la resolución, el Quinto Juzgado Constitucional remarca que la demanda cumple con los requisitos establecidos en el Nuevo Código Procesal Constitucional. Además, recuerda que en este tipo de procesos "no procede el rechazo liminar de la demanda", debido a la necesidad de garantizar la tutela de derechos fundamentales.
El juzgado también ordenó "córrase traslado a las partes procesales; para que hagan valer su derecho en el término de ley".
De esta manera, las entidades demandadas deberán presentar sus descargos y sustentar la legalidad del Decreto de Urgencia 010-2025 y del proceso de reestructuración de Petroperú, en una disputa que ahora también se traslada al ámbito constitucional.