Las declaraciones realizadas el pasado lunes por la vicepresidenta primera del Gobierno explican en gran medida la situación que vuelve a atravesar España como consecuencia de la reactivación de los contagios del Covid-19. Asegurar que «hay rebrotes porque tiene que haberlos» y que la pandemia «forma parte de lo que nos ha tocado vivir» resumen el conformismo, cuando no la pasividad, con que el Ejecutivo dio la espalda a la enfermedad el pasado invierno, repetida tras el decaimiento del estado de alarma. Nadie está a salvo del virus, pero las medidas de choque y contención que el Gobierno concertó con las comunidades autónomas a mediados de junio -tras un examen presuntamente exigente- se han revelado ineficaces e insuficientes. La Comunidad de Madrid, que sufrió como ninguna otra el zarpazo de la enfermedad, dio ayer un paso adelante al presentar un paquete de medidas de prevención cuyo denominador común es el reforzamiento de la seguridad sin poner en jaque el tejido empresarial, ya tocado por los rigores del estado de alarma. Una de esas medidas, la «tarjeta Covid», resulta discutible por vulnerar probablemente el derecho a la protección de datos.
A Isabel Díaz Ayuso no le perdona la izquierda sus logros contra la pandemia, ni siquiera en los tribunales, donde esta misma semana ha sido archivada una denuncia por su gestión de las residencias. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció ayer la obligatoriedad del uso de las mascarillas, la limitación de las reuniones sociales, el aumento de la plantilla de rastreadores, el registro de los clientes de los locales del ocio nocturno y la apertura de un hospital de emergencias que descongestione la red sanitaria en caso de rebrote. Se trata de proteger la salud pública, pero también de evitar un nuevo golpe a la iniciativa privada. El plan B contra el Covid-19 no puede ser el conformismo.
