Organizaciones feministas consideran que el Gobierno «desprotege» a la infancia al recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley Trans de la Comunidad de Madrid . En un comunicado conjunto, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niña/os con Disforia Acelerada (Amanda) y Docentes Feministas por la Coeducación, exponen que estas reformas a la Ley Trans «no sólo no son inconstitucionales, sino que protegen a los menores al introducir la obligatoriedad del acompañamiento médico y psicológico ». En este sentido, explican que las modificaciones legislativas realizadas por la Comunidad de Madrid no recortan derechos de la infancia, tal y como dicen que señala el Gobierno. «La reforma de la ley trans madrileña aumenta la protección de los menores al establecer como requisito necesario recibir apoyo de profesionales de salud mental , a la hora de iniciar un tratamiento médico con consecuencias irreversibles sobre su cuerpo. Esta reforma es garantista, al establecer que se debe contar con un informe favorable del profesional de referencia en el caso de que el menor presente patologías de salud mental que puedan condicionar su voluntad y consen4miento de tratamiento», aseguran. Igualmente, explican que el Gobierno defiende que la legislación madrileña «abre las puertas a las terapias de conversión» , pero añaden que esta norma en el artículo 11 «prohíbe expresamente el uso de terapias aversivas y cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona transexual». «No es terapia de conversión acompañar a los menores en la toma de decisiones que condicionarán toda su vida. Sí lo es decirles a las niñas que si les gustan los juegos, los deportes, la vestimenta, que los estereotipos sexistas asignan a los niños es porque son trans», afirman. En cuanto al uso de los vestuarios en las competiciones deportivas, las organizaciones defienden que «proteger» el deporte de las mujeres y los espacios privados de las niñas y las mujeres no es inconstitucional. «Sí lo es desproteger la categoría sexo, protegida por la Constitución y por todos los tratados y convenios internacionales firmados por España», apuntan. Finalmente, denuncian que el Gobierno «quiera revestir de inconstitucionalidad lo que la propia Constitución Española decreta que es la tarea de los poderes públicos en su artículo 39: los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos». Además, instan al Ejecutivo a que «proteja» a la infancia y a la adolescencia «derogando la Ley Trans». El Gobierno acordó este martes en el Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023 en materia de derechos de las personas trans y LGTBI. Según explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de dos leyes autonómicas. La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto. «Los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI no pueden esperar y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar, que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español», aseguró Redondo. En este sentido, la ministra precisó que la normativa de la Comunidad madrileña es «regresiva» y que «limita y vulnera» los derechos que están reconocidos en la legislación estatal. Redondo también matizó que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser «contrarios» a los derechos fundamentales o por «invadir» competencias del Estado. Así, el Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
