La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa a Trapero y a sus superiores de rebelión
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa al exmajor de los Mossos Josep Lluis Trapero de un delito en la causa que por los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.
Además, el Ministerio Público extiende esa acusación a al ex director de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado eldiario.es. La intendente de ese cuerpo, Teresa Laplana, será finalmente acusada de sedición.
Hasta ahora, la Fiscalía de la Audiencia no había acusado de rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel, a los acusados en este proceso. La primera querella se presentó por un delito de sedición, y así se ha mantenido durante toda la instrucción.
De hecho, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó auto de procesamiento el pasado 5 de abril por los delitos de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía -cuando una concentración dificultó una operación policial contra los preparativos de referéndum- en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.
Además, la magistrada procesó por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La intendente Teresa Laplana fue también procesada por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.
En su auto, Lamela recopiló los indicios obtenidos durante la instrucción y concluyó que los procesados conformaron una organización destinada a conseguir la independencia de Catalunya y la proclamación de una república, al margen de las vías legales “alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.
Los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente, dice la jueza, por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.
La jueza concluyó que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas. La juez recuerdaba en su auto los requisitos que exige este tipo penal y que son el de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación para concluir que los tres procesados integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el President de la Generalitat de Cataluña".