La sanidad, los inmigrantes y el PP
La decisión de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles adoptada por los gobiernos de las comunidades que han cambiado de color político tras las elecciones del 24 de mayo, es decir, los de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana— a los que se ha sumado el de la Comunidad de Madrid, que sigue gobernada por el PP—, demuestra lo que ya se sabía cuando se aprobó en 2012 aquel infausto decreto: que dejar a los sin papeles fuera de la sanidad pública era una medida injusta, inmoral y antieconómica.
Así lo vieron ya entonces los responsables de las comunidades no gobernadas por el PP que no aplicaron la norma, Andalucía, Asturias, Cataluña, Navarra y el País Vasco, y los de alguna como Galicia y Castilla y León —con gobiernos peperos— y Canarias —con coalición de nacionalistas y socialistas— que incumplieron parcialmente el decreto. De manera que, gracias al plante total o parcial de quince de los gobiernos autonómicos, solo hay dos regiones que todavía aplican el decreto a rajatabla: La Rioja y Murcia.
Si en su día ya fue alarmante descubrir que el Gobierno de Mariano Rajoy y su amplio coro mediático pensaban que no atender a los sin papeles era una medida positiva, que permitiría ahorrar dinero a la sanidad pública —los expertos no paraban de advertir de que es mucho más caro atenderlos en urgencias y tratar las enfermedades cuando ya están avanzadas—, ahora parece más incomprensible todavía escuchar al número dos del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, amenazar a las autonomías rebeldes con las penas del infierno. Según él, la Unión Europea pondrá multas millonarias "cada día", paralizará "todos los fondos europeos que recibe España" y no se sabe cuántas desgracias más si los rebeldes no se arrepienten y dan marcha atrás. No parece que haya asustado a nadie porque, sin ir más lejos, al día siguiente de esa diatriba, fue la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, del mismo PP que el señor Moreno, la que anunció también el restablecimiento de la asistencia sanitaria a los sin papeles.
No se entiende el arrebato del secretario general de Sanidad salvo si se analiza desde la óptica de la estrategia electoral del PP, esa que busca asustar a los electores con afirmaciones como que si gobierna la izquierda imperará el caos, se acabará la ¿recuperación? y Europa nos castigará como castiga a los griegos.
Aunque ahí parece que tienen un lío. Porque hace un par de meses el ministro Alfonso Alonso anunció que se volvería a atender a esos inmigrantes en la sanidad pública sin expresar el más mínimo temor a que la UE fuera a descargar su furia sobre España por hacerlo. Parece que la afirmación de Alonso también respondía al argumentario electoral de su partido, pero a esa otra parte en que se trata sobre cómo convencer a los votantes de que, gracias a su gestión, la economía fluye, los empleos se multiplican y la vida es bella. Se ve que según vayan las encuestas, o el pie con el que se hayan levantado, o según el vuelo de las aves, sus augures les sugieren incidir en una cosa o en otra. En lo bien que va todo o en que todo irá fatal si la izquierda empieza a recuperar las políticas sociales.