El Gobierno respeta y acata el fallo de Estrasburgo que avala las ‘devoluciones en caliente’
Así lo han transmitido a Efe fuentes del Ministerio del Interior nada más conocerse el fallo de la Gran Sala del TEDH, que revoca la condena que impuso a España en 2017 por la expulsión de N.D y N.T que, dice ahora, "decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español".
También la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha reaccionado inmediatamente al fallo, que en su opinión, debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique "el protocolo de actuación de los agentes" frente a la entrada irregular de personas a España.
De esta forma, opina que hay que dotar de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles, proteger las fronteras "eficazmente" garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los inmigrantes.
Según la sentencia dictada por unanimidad de 17 jueces de la corte europea, España no vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo) ni el artículo 4 del Protocolo 4 (Prohibición de expulsiones colectivas) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El fallo, contra el que no cabe recurso y que esperaban con atención los gobiernos europeos, dice que Estrasburgo "no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión".
Los demandantes, N.D., de Mali, y N.T., de Costa de Marfil, llegaron a Marruecos entre finales de 2012 y comienzos de 2013 y acamparon varios meses en el campamento improvisado del monte Gurugú hasta saltar la valla el 13 de agosto de 2014, junto a casi un centenar de subsaharianos.
Una vez expulsados, repitieron el intento en octubre y diciembre de 2014. El primero fue reenviado a Mali y el segundo se encuentra en algún lugar de España.
El Tribunal Constitucional esperaba esta sentencia para pronunciarse sobre el recurso que el PSOE y otros grupos interpusieron contra la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que regulaba las devoluciones en caliente a través de una disposición adicional.
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