El gobierno ni crea ni destruye inflación
La inflación es un fenómeno bien conocido por estudiado; se conocen sus causas profundas y las coyunturales y se sabe de su inconveniencia para la estabilidad y el crecimiento. Las causas profundas son monetarias y la responsabilidad de esa materia, en los países con bancos centrales independientes, corresponde a la llamada autoridad monetaria, a la FED en los Estados unidos, al Banco Central Europeo en la zona euro y a los bancos centrales británico, suizo y japonés en las áreas de la libra, el suizo y el yen. En otras zonas (China, Rusia, Turquía, países árabes…) la influencia de los gobiernos en sus bancos centrales traslada la responsabilidad a los gobiernos.
Además de la causa de fondo hacia circunstancias influyentes que tienen que ver con la oferta y la demanda y más en concreto con las fluctuaciones de los mercados de materias primas empezando por la energéticas. Las subidas (y caídas) e los precios del petróleo y del gas, siempre por razones políticas o especulativas de dominio de mercado) provocan cambios profundos en los costes productivos, directamente en carburantes y electricidad y de forma inducido en los factores productivos.
Vienen a cuenta estos párrafos de la pretensión de la ministra de economía de que las medidas del gobierno han reducido la inflación en España al 3,2% (tasa interanual de mayo). Cedida la soberanía monetaria la influencia de los gobiernos en la inflación es limitada y por tanto atribuirles la culpa o el mérito del comportamiento del IPC es excesivo.
En la evolución del IPC español (y europeo) durante los dos últimos años ha estado afectada por factores monetarios indudables, el exceso de dinero provisto por los bancos centrales para evitar la recesión. También por el encarecimiento del gas (y del petróleo) por voluntad de los grandes exportadores (Rusia y Arabia). Un encarecimiento en el caso español tuvo un impacto extraordinario en los precios de la electricidad que mide el IPC (la tarifa regulada) establecida por decisión administrativa. Una medida que pretendía ajustar el precio real al del mercado dinero sin tener en cuenta distorsiones imprevistas.
Una mala medida tanto en la regulación por el mercado diario como por el procedimiento estadístico de medir el precio de la electricidad solo con la tarifa regulada que afecta a menos de la mitad de los consumidores. Esos errores sobrevaloraron a lo largo de 2022 el aumento del IPC (entre uno y dos puntos) y por lo mismo (aunque se ha corregido en parte) infravaloran este año el IPC. Una compensación no deseable pero que conviene recodar. Las medidas del gobierno (del anterior y de este) generaron inestabilidad y alza de precios artificial, que ahora se compensan.
La intervención del gobierno en la evolución de los precios (del resto de precios) es muy limitada porque no puede ser de otra manera. Palabras, gestos, pero poco margen más allá de la pedagogía. Por todo ello pavonearse ahora de acierto en las medidas antiinflacionarias es mera retórica.
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