Mil días de bloqueo antidemocrático del Poder Judicial
A esos que se llaman a sí mismos "constitucionalistas": ¿es mucho pedir que cumplan con la Constitución? La carta magna es muy clara, y no admite otra interpretación. El mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de cinco años. Solo cinco. Tras ese plazo, el órgano de gobierno de los jueces se tiene que renovar, por mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. Es algo que ocurre con normalidad democrática siempre que la izquierda pierde las elecciones. Pero que nunca se cumple cuando es el PP quien las pierde, y le toca ceder ese poder.
Este martes, 31 de agosto, se cumplen mil días de un secuestro: el del Poder Judicial. Hace ya casi tres años que caducó el mandato del actual CGPJ, que fue elegido en 2013, cuando el PP tenía 186 diputados. Hoy tiene solo 90, y por eso la derecha se niega a la renovación. Mantener este bloqueo sirve al PP para retener de forma espuria una mayoría absoluta en el Poder Judicial que hace años que perdió en las urnas. Es lo mismo que también hacen en el Tribunal de Cuentas, en el Defensor del Pueblo y en el Tribunal Constitucional.
Este CGPJ caducado no es un consejo ornamental, como he explicado en más detalle en otros artículos anteriores. Es quien decide los nombramientos de los jueces más importantes. Entre otros, todos los del Tribunal Supremo.
Desde que terminó su mandato constitucional de cinco años, el CGPJ en funciones ha aprobado 76 nombramientos –hasta que el Parlamento les bloqueó esa potestad que ejercían de forma bastante cuestionable–. Son jueces que escoge la derecha con una mayoría caducada, y que se quedarán en el Supremo hasta su jubilación.
Mil días de bloqueo del Poder Judicial es el nuevo récord nacional. Pero ni siquiera es la primera ocasión en la que el PP utiliza esta técnica filibustera y antidemocrática, en contra del mandato constitucional. "La Justicia emana del pueblo", dice la Constitución. Salvo que el pueblo vote a la izquierda, al parecer.
En las últimas tres décadas, el PSOE ha gobernado 16 años frente a 14 del PP. Pero los vocales nombrados por el PP han tenido la mayoría en el CGPJ durante 20 de esos 30 años. Todo ello, gracias a los distintos bloqueos que ha aplicado la derecha para garantizarse ese poder.
En estos mil días de secuestro, el PP ha ido cambiando las condiciones para la liberación. Un día la excusa es que EH Bildu ha votado a favor de los Presupuestos. Al otro, que Unidas Podemos critica al rey. O que no renovarán el CGPJ si el PSOE no saca del Gobierno a su socio de coalición. Es un argumento tan antidemocrático como si Pedro Sánchez se negara a convocar unas nuevas elecciones generales hasta que el PP rompa sus pactos con Vox.
El PP también utiliza otra mentira, que extiende Casado con profusión: que la Constitución dice que los vocales del CGPJ tienen que ser elegidos por los propios jueces. No es así. Y conviene recordar que el sistema de elección de los vocales del CGPJ que está en vigor solo es criticado por el PP cuando está en la oposición.
En 2013, el Gobierno de Rajoy reformó la ley orgánica del Poder Judicial. Había prometido en campaña hacer lo que ahora pide Casado: que los jueces eligieran a una mayoría de los vocales del CGPJ. Fue justo lo contrario a lo que después aprobó.
La razón principal que explica este bloqueo es otra, en realidad. No es Podemos, ni Bildu, ni el sistema de elección. El PP lo hace porque le beneficia y porque le sale gratis. La polarización y la manipulación informativa han llegado a tales extremos que, para el PP, tiene más desgaste político cumplir con la Constitución.
¿Se imaginan los titulares si fuera la izquierda quien secuestrara el Poder Judicial durante mil días? ¿Se hablaría de otra cosa en España?