Bildu y Unidas Podemos continúan con su ofensiva contra Ferrovial, después de que la constructora anunciara a finales de febrero s u mudanza de España a Países Bajos . Ambas formaciones tratan de impulsar en el Congreso normativas para que las empresas que salgan de España sean penalizadas y así tratar de evitar nuevas deslocalizaciones como la de la compañía de Rafael del Pino. En el caso del partido separatista vasco, piden que se impida que las empresas que hayan recibido fondos del Estado no puedan abanadonar España. Así las cosas, mañana se debatirá en la Cámara Baja una proposición no de ley ( PNL ) con la que Bildu pretende impulsar una legislación «para impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública». La principal medida propuesta pasa porque las empresas que hayan recibido fondos, ayudas públicas y subvenciones no puedan salir del país hasta pasados 5 años de la última financiación pública obtenida. Del mismo modo, desde Bildu exigen que se elabore, desarrolle y apruebe la legislación necesaria para que en caso de producirse deslocalización de empresas, estas estén sujetas a la obligación de devolver la financiación obtenida de fondos y/o ayudas públicas otorgadas por las diferentes administraciones en, al menos, los últimos 10 años, además de que se aseguren los puestos de trabajo en caso de deslocalización. Noticia Relacionada estandar Si La salida de Ferrovial, pendiente del sí de sus accionistas y de Calviño Antonio Ramírez Cerezo Economía maniobra para que las empresas españolas puedan cotizar en EE.UU. La formación independentista lanza esta propuesta al entender que «las instituciones públicas están obligadas a arbitrar los medios para hacer frente a las consecuenciasque estas situaciones de deslocalización generan en nuestro tejido económico». Y pone como ejemplo el reciente anuncio de Ferrovial. Proposición de ley de Podemos Desde Unidas Podemos, muy crítico con la constructora desde el anuncio de traslado, suben la apuesta y han elaborado una proposición de ley para evitar nuevas salidas de empresas del tejido económico español. El ala morada del Gobierno solicita la modificación de la Ley General de Subvenciones , para que se obligue a las empresas a reintegrar las ayudas recibidas en el caso de que estas incurran en «la deslocalización de una sociedad de capital, industria o unidad productiva, y/o el traslado de su domicilio social o fiscal a otro Estado, dentro de los 10 años posteriores a la concesión de una subvención» cuando se trate de fondos que hayan servido «para fomentar el desarrollo o mantenimiento de actividades estratégicas, o la realización de inversiones de carácter industrial, o para la internacionalización, la mejora de la competitividad, la digitalización o para el mantenimiento de la actividad económica». En las últimas semanas, los ataques vertidos a Ferrovial desde Unidas Podemos han sido una constante. De hecho, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, instó a sus socios de Gobierno a principios de mes a obligar a la constructora « a devolver hasta el último euro que les dieron los españoles», en línea con la Proposición de Ley presentada.
