El PSOE no retirará el artículo que pide Junts y que permite suspender la amnistía si es recurrida en la UE
Junts exige a Sánchez que retire los tres decretos. Puigdemont quiere negociarlos y pactarlos antes de que se voten
Junts se mantiene en su rechazo a los tres decretos del Gobierno. De hecho, los posconvergentes reclamaron ayer al Gobierno que los retire para «volver a presentarlos negociados y pactados», antes de que se voten y decaigan este miércoles en el Pleno. A juicio de los posconverventes, los tres decretos suponen poner en peligro la aplicación de la amnistía, un «recorte» de competencias y agravan la «infrafinanciación».
«En esta legislatura no funcionará el ‘a cambio de nada’», avisó el portavoz de Junts Josep Rius al PSOE, asegurando que debe tener «muy claro» que Junts no ha firmado un «acuerdo de legislatura». Junts, según expresó, va a dar estabilidad en función de si hay avance en «dos ejes»: «Tanto en el nacional como en el autogobierno». Es decir, si hay avances en la negociación del referéndum y la amnistía y si hay mejoras en las competencias para la Generalitat.
En cambio, el PSOE se niega en rotundo a retocar el articulado de las cuestiones prejudiciales que Junts rechaza. Los socialistas están abiertos a negociar «hasta el último momento» con los de Puigdemont para salvar el decreto ley e incluso a aceptar enmiendas, pero adelantan que «no hay nada que cambiar en lo relativo a las cuestiones prejudiciales», en referencia al artículo que puede suspender la amnistía si es recurrida ante la Justicia de la Unión Europea. Así, en Ferraz rechazan retirar los decretos para evitar una derrota parlamentaria. En el PSOE se llama a la "responsabilidad" de todos los partidos y se les insta a explicar a cada partido que vote en contra el por qué del rechazo a las medidas sociales y económicas, en boca del secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.
"No hay nada que cambiar, ellos lo saben y están de acuerdo, porque es cumplir con la legislación europea", avisó Santos Cerdán respecto a la posición del partido de Puigdemont. No prometió seguir dialogando hasta el final: "Vamos a seguir hablando con Junts hasta el miércoles. Nos tendrán que poner sobre la mesa otras cosas que ellos quieran. Si las aceptamos, las haremos públicas".
Por su parte, ERC se ha desmarcado de la posición de los de Carles Puigdemont y ha anunciado que votará a favor de las tres iniciativas. «Entendemos que son cuestiones que mejoran la vida de las personas», señaló ayer la portavoz de ERC Raquel Sans. La portavoz aplaudió que las propuestas planteen «mejoras» como la flexibilización del acceso al paro, la revalorización de las pensiones y agilizar la administración en los procesos judiciales, entre otros. Además, también incluirán las resoluciones prejudiciales en Europa: «Nos da mucha más seguridad que sea la justicia europea la que se pronuncie en primer término».
Es decir, los republicanos adoptan una posición diametralmente opuesta a la de Junts: los posconvergentes creen que el decreto 6/2023, que incorpora una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pone en peligro la aplicación de la amnistía porque «supone dar instrumentos a la cúpula judicial para dilatar» la ejecución de la medida de gracia. En cambio, ERC considera que es preferible esa opción porque confían plenamente en la Justicia europea. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil añade el artículo 43bis, que regula la cuestión judicial previa, que son consultas que los jueces pueden hacer al Tribunal de Justicia de la UE para interpretar la aplicación del Derecho de la UE. Si un juez, antes de aplicar la amnistía, opta por una cuestión prejudicial, dejará en suspenso la ejecución de la medida de gracia, que Puigdemont pretende que sea en dos meses, sin ningún tipo de dilación.
Ahora mismo, pese al apoyo de Esquerra, el Gobierno sigue sin los votos suficientes para que salgan adelante los tres decretos. En concreto, además del decreto 8/2023 de medidas anticrisis, este miércoles se votan el decreto 6/2023 y el decreto 7/2023, relativos a compromisos con la Unión Europea para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos.