El Consejo de Ministros ha aprobado transferir cerca de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil. El departamento de Derechos Sociales ha autorizado la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil. Este año, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, este crédito tendrá un importe cercano a los 200 millones de euros (198.704.000 euros) y será distribuido y transferido a las Comunidades Autónomas ( a excepción de País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que puedan ejecutarlo en virtud de sus competencias en servicios sociales. El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy acordó con los gobiernos autonómicos el reparto de estos casi 200 millones de euros , y ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los años sucesivos. «Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito», ha asegurado el ministro de Sumar. El ministro también ha puesto en valor que esta cifra que se ha prorrogado es «la más alta» que se ha dado en esta área, aunque ha asegurado que es necesario seguir aumentando esta dotación presupuestaria «para hacer frente a los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños». El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo. De este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos. En cuanto al primer programa, está dotado con más de 108 millones de euros y financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social. El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros y se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. El programa incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. De esta manera y siempre según la comunicación del Ministerio de Derechos Sociales, se reforzarán iniciativas desarrolladas por comunidades autónomas y ayuntamientos. El tercer programa, dotado con 25 millones de euros, se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021. Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales establece que el reparto territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios desglosados en el acuerdo, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa Arope (que mide el riesgo de pobreza o exclusión). Este año, con la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial que se ha propuesto es idéntica a la de 2023. A este respecto, Bustinduy ha resaltado que el objetivo de incremento presupuestario «trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes». Finalmente, el ministro ha recordado el «necesario compromiso» por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales y ha reclamado a todas las administraciones y partidos «una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes».
