La prensa peruana bajo el asedio criminal
En el Perú, en los últimos años —y con mayor intensidad desde la consolidación del régimen de cohesión autoritaria que hoy gobierna el país—, las libertades han sufrido un indudable retroceso. No obstante, resulta especialmente preocupante la impunidad con la que no solo los políticos, sino también la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, junto a sus socios en el Congreso, atacan sistemáticamente a la prensa y, en particular, a los periodistas que cumplen con su labor informativa.
En los últimos días, la periodista de la Unidad de Investigación de La República, Rosmery Tapara, ha sido víctima de un hostigamiento sistemático tras la publicación de un reportaje que expone hechos concretos y plenamente corroborables. El mismo día de su emisión, fue objeto de suplantación de identidad en sus cuentas personales, del bloqueo de sus líneas telefónicas y del envío de mensajes intimidatorios que amenazaban su integridad física.
Días más tarde, La República recibió tres cartas notariales procedentes de las empresas Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC, así como de Karen Marianella Pasco Flores y Elvis Aniceto Argüelles, todos involucrados en la nota publicada por la Unidad de Investigación.
Lo que hoy enfrenta el equipo de prensa de La República —y en especial nuestra colega Rosmery Tapara— no es un hecho aislado, sino uno más entre los múltiples casos de amenazas, amedrentamientos y agresiones que en los últimos meses vienen sufriendo diversos periodistas tras la publicación de investigaciones periodísticas.
En el mismo periodo, el periodista y columnista de La República René Gastelumendi, ha recibido una serie de amenazas, tanto en sus redes sociales como a través de mensajería personal, incluyendo amenazas de muerte dirigidas a él y a su familia. Estas agresiones también coinciden con la publicación de pesquisas que vinculan al alcalde Franco Vidal, de Avanza País, con el uso indebido de sus redes personales para fines de autopromoción.
A ello se suman otros casos ya conocidos, como los de Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti y otros periodistas que vienen siendo atacados desde diversos frentes.
Ante este panorama, hacemos un llamado de alerta a la comunidad internacional, a la Sociedad Interamericana de Prensa y a los gremios periodísticos del país: los ataques directos contra periodistas están aumentando de manera alarmante.
Persisten aún las investigaciones pendientes por parte del Ministerio Público, y se espera también una respuesta firme por parte de la Policía Nacional del Perú para que se haga justicia y para que el ejercicio del periodismo en el país no continúe siendo una actividad de alto riesgo, muchas veces sinónimo de muerte.
Queremos ser enfáticos: frente a la intimidación cobarde y claramente delictiva que sufren hombres y mujeres de prensa, la única respuesta posible será siempre más y mejor periodismo. Y ante ello, es el Estado el primer responsable de garantizar la seguridad y la libertad de sus ciudadanos.