El exministro Rodolfo Martín Villa ha sido citado a declarar como investigado por la muerte a tiros de un trabajador en de Elda (Alicante) durante una manifestación de protesta en 1976, Teófilo del Valle. Ocurrió cuando la víctima tenía 20 años de edad y ahora un juzgado de esta ciudad lleva adelante este caso tras una denuncia. El trágico suceso se produjo por varios disparos de la Policía Armada el 24 de febrero de 1976 y causó una profunda conmoción, con una despedida en el cementerio a la que acudieron 25.000 personas. En una providencia, fechada el 28 de mayo de 2025, la jueza también llama a testificar como investigado al miembro de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey -autor de los disparos-, el próximo 17 de noviembre de 2025, mientras que Martín Villa está citado el día 19 de ese mes, ambos por el sistema de videoconferencia con los juzgados de Albacete y de Madrid, respectivamente. Desde Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme -Plataforma de Suport (AFC) a la Querella Argentina País Valencià, entidad que presentó una querella por esta muerte en abril del año pasado, han recordado que esta muerte violenta se produjo «en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976». En el caso de Teófilo del Valle, ejercía en el sector de la piel y, según la denuncia, varios manifestantes arrojaron piedras a un autobús de los policías conocidos en aquella época como «los grises» y, acto seguido, los agentes les persiguieron y la víctima recibió dos disparos , uno en un tobillo y otro en la nuca -el que lo mató- aunque se encontraros varios impactos de bala más en las inmediaciones. «Tras más de 115 querellas presentadas en distintos territorios del Estado español por crímenes contra la humanidad ocurridos durante la dictadura y la Transición, se va a tomar declaración a los autores y responsables denunciados», ha resaltado AFC. En este sentido, considera que este es un «hecho importante» que supone un «claro avance en la lucha contra la impunidad». Sin embargo, asegura que «todavía se trata de algo excepcional que hasta la fecha no se había producido, de forma que este hecho por sí mismo no implica que las políticas de impunidad del Estado español se hayan revertido». «Las organizaciones memorialistas y de derechos humanos celebramos este hecho de gran trascendencia y excepcionalidad en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo«, han resaltado las mismas fuentes. «Esperamos que se avance en la instrucción de la causa penal e instamos a todos los poderes públicos y a los partidos políticos a adoptar todas las medidas necesarias para que este hecho excepcional se convierta en algo habitual y que, de una vez por todas, se ponga fin a las políticas de impunidad que impiden la investigación judicial en el orden jurisdiccional penal de los crímenes franquistas », han apostillado.
