En plena crisis de acceso a la vivienda y con cerca de 10.000 inmuebles vacíos en la ciudad que no se ofertan por temor a la inquiocupación, Valencia ha puesto en marcha su Oficina Antiokupación. Este nuevo servicio municipal ofrece asesoramiento y mediación a propietarios y comunidades de vecinos frente a un fenómeno que alimenta la escasez de alquiler y agudiza la tensión social en los barrios. Así, lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la visita a la nueva oficina impulsada por el gobierno local, la Oficina Municipal Antiokupación, que está integrada dentro de la estructura de la Policía Local, y que nace para proteger «los derechos fundamentales como el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad privada y, el derecho a una vivienda digna», ha detallado. En este sentido, la alcaldesa de la ciudad ha asegurado que la oficina hace frente a «la realidad que vivimos en muchos de nuestros barrios«, y para »dar respuesta a la preocupación ciudadana». A la jornada de formación organizada por la Policía Local sobre la okupación ilegal de viviendas, también han asistido concejal delegado de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell , y el comisario principal jefe de la Policía Local de Valencia, Ángel Albendín. Durante su intervención en las jornadas, Catalá ha subrayado que «la okupación ilegal está ganando terreno en las ciudades y está generando gran entre la ciudadanía». Por ello, ha apuntado que el trabajo para hacer frente a esta problemática comenzó en 2023, concretamente en 474 okupaciones que tenía la ciudad, y « gracias al trabajo policial constante«, ahora está focalizado en 84 puntos. «Durante los últimos dos años hemos trabajado en la intervención policial generando un impacto de reducción del 58% », ha apuntado . En este sentido, la primera edil ha detallado que actualmente se trabaja en una segunda fase, la de formación e información a la ciudadanía: «convertirnos en elementos de información, de prevención, de asesoramiento. Por eso, la oficina media en las situaciones de complejidad«, y lo hace » coordinada con los servicios sociales municipales para atender determinadas situaciones delicadas». En cuanto a la problemática de las viviendas de alquiler que no salen al mercado, la alcaldesa ha apuntado que hay que «intentar que salgan al mercado más propiedades, generando garantías sobre el propietario , en seguridad y tranquilidad, que puede dar tener a la Administración detrás». Asimismo, según los datos aportados por Catalá, la mayoría de las viviendas son de pequeños propietarios, «de personas mayores, autónomos o de familias que han confiado sus ahorros a una segunda vivienda y que, cuando sufren una okupación, quedan en una situación de desamparo absoluto , sin recursos, sin apoyo y sin respuestas». Por ello, la alcaldesa ha destacado que la Oficina Antiokupación de Valencia ofrece « respuestas rápidas y alternativas eficace s«, antes de llegar a los tribunales». Además, ha explicado que la nueva oficina municipal extenderá su ámbito de actuación en tres líneas: Informar y orientar; prevenir y mediar; y asistir y ayudar en los casos «donde existe una necesidad real de vivienda, casos que serán atendidos por los Servicios Sociales Municipales».
