La Fiscalía ve "criminalidad urbanística" en el chalet del juez Peinado pero archiva el caso por prescripción
El Ministerio Público cree que el ayuntamiento de la localidad abulense de La Adrada pudo prevaricar al permitir que el magistrado levantara la casa de forma irregular pero archiva el caso porque los hechos han caducado
Archivo - El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) investiga si el chalé del juez Juan Carlos Peinado es ilegal
La Fiscalía de Ávila cree que el ayuntamiento de la localidad abulense de La Adrada pudo prevaricar al permitir que el juez Juan Carlos Peinado construyera un chalet de forma irregular, pero archiva la investigación al entender que los hechos, en todo caso, han prescrito. “Las irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente”, explica el Ministerio Público, “serían conductas con indicios de criminalidad urbanística, pero serían delitos prescritos”, afirma tras estudiar una denuncia.
La Fiscalía recibió una denuncia sobre la construcción de este chalet por parte del juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. Según esta denuncia, Peinado pidió una primera licencia de obra mayor a finales de 2004 y le fue concedida como suelo urbanizable, pero no urbano. Eso significa que en esa parcela no se podía construir en ese momento: había que desarrollar un plan parcial que obligaría a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes, como zonas verdes, calles y otros equipamientos. La calificación de suelo urbano no llegó hasta 2017, con la casa ya construida y el PP en el Gobierno local.
“Parece un uso no permitido”, dice la Fiscalía. El Ayuntamiento, reprocha también la fiscal del caso, no puso en marcha ninguna actuación más para cumplir la normativa urbanística pese a que contaba con un informe del arquitecto municipal que avisaba de la irregularidad. “Máxime cuando las obra estaban llevándose a cabo, como se puede apreciar en las fotografías aéreas aportadas por la Guardia Civil”, añade.
Ese posible delito de prevaricación urbanística cometido supuestamente por el consistorio de La Adrada permitiendo, en la práctica, que Peinado levantara el chalet de forma irregular, habría prescrito y por eso la Fiscalía da carpetazo al caso. “No contamos con indicios de que las sucesivas corporaciones municipales hayan tenido conocimiento de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021”, añade. La inspección urbanística no arrancó hasta que llegó esta denuncia.
La Fiscalía también ha estudiado las quejas que esta denuncia planteaba sobre la piscina del chalet y sus posibles irregularidades, explicando que existe desde marzo de este año un informe favorable a la solicitud del juez para construir la piscina.