El sindicato SPJ- USO ha solicitado a la Consejería de Justicia y Administración Pública que de forma urgente destine personal de refuerzo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, concretamente un tramitador y un auxilio porque este órgano viene sufriendo una elevadísima carga de trabajo , la cual se ha visto incrementada desde el pasado día 2 de junio del presente a causa de la adscripción de una magistrada que se hará cargo del 50 por ciento de los asuntos civiles, lo que supondrá la celebración de una media de ocho juicios adicionales por semana. En esta solicitud, a la que ha tenido acceso ABC, este sindicato de Justicia denuncia que esta situación actual del juzgado «genera un evidente y considerable aumento de la carga de trabajo para todo el personal del juzgado, especialmente para el personal de la sección civil que, por si fuera poco, también tramita las diligencias urgentes diarias de la jurisdicción penal y que, por lo tanto, tiene a su cargo no sólo las comparecencias y diligencias penales, sino también la añadidura ligada a las nuevas vistas civiles«. En este mismo informe remitido a la Administración de Justicia remarcan que el referido volumen de trabajo desborda los recursos humanos disponibles en este órgano judicial y, pone en riesgo el adecuado funcionamiento del juzgado y el servicio público de Justicia, todo ello con la evidente repercusión para las víctimas de violencia de género, sus familias y la ciudadanía en general. A la vista de lo expuesto, recoge esta misma solicitud de este sindicato de Justicia, «es por lo que instan a la asignación urgente de personal de refuerzo de este juzgado, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba , ya que los días de señalamiento de vistas son dos los auxilios que asisten a las mismas para cada juez; así como «un autorrefuerzo de un gestor y un tramitador de tarde«; todo ello con el fin de atender el incremento de carga de trabajo derivado de la nueva organización de vistas y procedimientos civiles; y todo ello con el objetivo de garantizar un servicio público de calidad, ágil y que respete los derechos de las personas afectadas.
