Caso Orrego: críticas y respuestas tras las incautaciones al gobernador de la RM

Las diligencias en la investigación contra un eventual mal uso de recursos públicos por parte del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, siguen su curso. A primera hora de la mañana de este lunes, la Fiscalía Metropolitana Oriente y el OS7 de Carabineros llegaron tanto al domicilio de Orrego como a la sede del Gobierno Regional Metropolitano para incautar elementos tecnológicos del gobernador.

Si bien el Ministerio Público solicitó al tribunal la orden para realizar la diligencia de entrada y registro, no fue necesaria usarla ya que se pactó con la defensa del gobernador la entrega voluntaria de su celular y su computador. Orrego se encontraba en una actividad en Pudahuel y decidió regresar a su domicilio para entregar los artículos tecnológicos respectivos.

La fiscal a cargo de la investigación, Constanza Encina, explicó la diligencia realizada esta mañana: “Se llevó a cabo un procedimiento de incautación, tanto de dispositivos telefónicos, de correos electrónicos desde el servidor del gobierno regional, también nos llevamos una serie de archivos y otros documentos que tienen relación con la materia investigada”.

Encina también confirmó que la investigación es por posible “delito de fraude al fisco” y que la entrega de artefactos electrónicos esta mañana se realizó de manera voluntaria. “Se había hecho la solicitud al tribunal, sin embargo, no ha sido resuelta y no fue necesario, ya que se proporcionaron todos los antecedentes que eran necesarios”, explicó.

Cabe recordar que para el próximo 19 de junio se encuentra agendada la declaración del gobernador de Santiago ante Fiscalía. En ese sentido, la fiscal Encina aclaró que la declaración de Orrego se dará en calidad de imputado.

Desde la defensa del gobernador recalcaron que no se trató de un allanamiento sino que la entrega de elementos fue pactada con Fiscalía. Su abogado defensor, José Pedro Silva, anunció la intención de “entregar colaboración absoluta para que se esclarezcan estos hechos”.

“En los cuáles, como ha señalado el gobernador, no hay un peso del gobierno regional que haya ido a parar a su campaña electoral”, complementó, insistiendo en que “nos hemos puesto desde ya en colaboración con la fiscal para que le pueda tomar declaración”.

Consejo regional toma la iniciativa

Además del gobernador Claudio Orrego, otros 10 funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano debieron entregar sus notebooks y celulares durante los allanamientos realizados esta mañana.

También, se dio a conocer la renuncia de Mayuri Reyes, jefa de la División de Presupuesto e Inversión del Gore. Esto, luego de que consejeros de Chile Vamos acusaran conflicto de interés de la funcionaria por su relación societaria con el representante de la consultora AJEM, José Solís Venegas, firma que se habría adjudicado dos contratos con el Gore en 2024 vía trato directo por más de $109 millones.

Por ello, en medio de las diligencias de esta mañana, el Consejo Regional de la RM se reunió para determinar acciones respecto del caso. La principal determinación entre los jefes de bancada fue la creación de una comisión fiscalizadora, la cuál tendrá que ser aprobada en el pleno de este miércoles y definir a sus integrantes.

“Estamos trabajando plenamente en tener todos los antecedentes para dar una información como corresponde, fidedigna”, explicó la consejera regional, María Eugenia Palma (PC), quién evitó entrar en detalles en cuanto a las renuncias al interior del gobierno regional porque, señaló, “nos perturba del trabajo con nuestras comunidades, porque están esperando que nosotros sigamos funcionando, pero con todo este tipo de cosas que salen, las comunidades más vulnerables son las que están hoy día sufriendo las consecuencias”.

Por su lado, la consejera de Renovación Nacional, María Valeria Ponti, se refirió al caso de Mayuri Reyes: “Nos parece bien que se haya pedido la renuncia. Mas eso no significa que si tiene alguna sanción administrativa, se tenga que realizar, y que también deba entregar toda la información a los órganos que hoy día están actuando”.

De la misma manera, Ponti se refirió a acciones paralelas a la comisión fiscalizadora que están llevando a cabo, tales como la realización de “oficios, para tener mayor información”. “Ya solicitamos de manera formal una audiencia con la Contraloría General de la República para poder entender, no solamente el objetivo, sino también toda la investigación respecto a este oficio”, dijo.

María Valeria Ponti, quién preside la comisión de Coordinación, explicó que los cinco integrantes de la comisión fiscalizadora se sortearán el miércoles entre los 34 consejeros y que estos operarán durante 45 días hábiles.

Mientras, el consejero regional de la UDI, Javier Ramírez, catalogó lo ocurrido este lunes en las dependencias del GORE como “gravísimo”. “Por primera vez, el aparato judicial entra al corazón del Gobierno Regional de Santiago para investigar actos que podrían constituir actos de corrupción”, manifestó. Ramírez llamó a Orrego a “dar la cara” así como también lo emplazó a “suspender sus funciones y permitir que la justicia actúe sin presiones”.