Hacienda pone contra las cuerdas al 93% de las empresas por el "apagón fiscal" de las facturas
Las empresas españolas económicamente activas tienen apenas seis meses de plazo para superar el «apagón fiscal» que entra en vigor para adaptar sus sistemas de facturación a la nueva normativa, que pretende acabar con el 100% del fraude tributario y que provocará un cambio radical en la forma de facturar que amenaza a las empresas españolas, sobre todo las pequeñas, que serán las que más sufran con este cambio y que se enfrentan a cuantiosas sanciones si no tienen operativo el sistema Verifactu –el nuevo sistema de gestión y facturación al que deben adaptarse todas las sociedades sin excepción– el 1 de enero de 2026.
Y la situación no es halagüeña, porque la cuenta atrás para la entrada en vigor de Verifactu no frena y ya ha comenzado para 3,255 millones de empresas y 3,384 millones de autónomos, que deben tener adaptadas sus facturas en un plazo máximo de seis meses. Todas las que no se hayan adaptado a Verifactu quedarán automáticamente fuera de la legalidad, lo que significa que, al no poder emitir facturas conforme a los requisitos técnicos y legales exigidos, no podrán operar de manera regular y se expondrán a duras «sanciones económicas», confirman a LA RAZÓN desde Hacienda, aunque matizan que «eso no significa que el objetivo sea sancionar, sino lograr que se vayan incorporando las obligaciones y se cumpla».
En concreto, la obligatoriedad de emitir facturas electrónicamente comenzará el 1 de enero para las empresas y el 1 de julio de 2026 para los autónomos, pero los software de gestión y facturación deben estar ya adaptados a Verifactu antes del 29 de julio, en apenas un mes y medio, para garantizar la inalterabilidad de las facturas y la trazabilidad completa. Por tanto, los negocios deben asegurarse de que sus procesos y herramientas cumplen con la nueva Ley Antifraude, como incluir un código QR, una huella digital, una firma electrónica por cada factura o el fichero XML-VERI.
Fuentes consultadas en patronales y asociaciones empresariales confirman que muchas empresas, la mayoría micropymes, desconocen la obligatoriedad de esta medida, por lo que todavía no han iniciado el proceso y corren el riesgo de incumplir con la legalidad y enfrentarse a sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros, en los casos más graves. El Informe Emprende, elaborado por Holded junto a Visma y Kantar, rebela que menos del 10% de las pymes españolas están preparadas para adaptarse a esta transición digital.
Los analistas de la compañía de gestión empresarial Talenom España alertan de que estas sanciones pueden llegar por más motivos que un simple error en la factura emitida, entre los que que destacan «multas por cada software no adaptado a la Ley Antifraude, por obstrucción si no se permite el acceso a la información a la Agencia Tributaria, riesgo de que las facturas sin trazabilidad Verifactu no se consideren válidas y la posible pérdida del derecho a deducción fiscal por errores de cumplimiento».
Por su parte, los expertos de Fiskaly Iberia advierten de que la implantación en España lleva mucho retraso y «la experiencia con la aplicación de otras normativas fiscales, como TicketBAI, demuestra que dejar la adaptación para el último momento dispara el riesgo de errores, de parones en la facturación y lleva a afrontar multas de gran impacto». En este sentido, subrayan la importancia de anticiparse y no esperar al último minuto. «Verifactu no es un simple cambio técnico; requiere planificación, pruebas y, en muchos casos, desarrollos específicos según el sector o régimen fiscal».
Por ello, desde Hacienda advierten de que «no hay posibilidad de que haya una prórroga», por lo que empresas y autónomos deben cumplir con las fechas establecidas. Recuerdan que la Agencia Tributaria (AEAT) ha habilitado un periodo de pruebas hasta enero de 2026, durante el que las sociedades pueden ya facturar con el nuevo sistema pero sin penalizar los errores que se deriven con el envío de ficheros, siempre que estos errores «se subsanen y documenten de manera correcta». Pero los expertos advierten de este margen temporal tiene fecha de caducidad, ya que «únicamente ahora se permitirá detectar y corregir fallos sin consecuencias económicas es ahora. A partir de enero habrá consecuencias». Para Fiskaly, aprovechar este periodo de transición «es la mejor estrategia para adaptarse con tranquilidad y minimizar riesgos. Solo así se garantiza que los sistemas funcionen correctamente en el día a día y evitamos sustos en los momentos más críticos».
Además, a diferencia de lo que se esperaba, la AEAT va a exigir que todo software de facturación adquirido desde el 29 de julio de 2025 –y las nuevas versiones del software que ya se utilizaran previamente– cumplan con los parámetros de Verifactu a partir de la fecha límite.