Las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales convocan tres días de huelga contra las reformas del Gobierno

Jueces y fiscales elevan su ofensiva. Las cinco asociaciones del centroderecha judicial han convocado tres días consecutivos de huelga para los días 1, 2 y 3 de julio y una concentración “abierta a la ciudadanía” el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo en señal de protesta por las reformas del ministro Félix Bolaños que pretenden modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía.

Las asociaciones consideran que las reformas legislativas “comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal”. Los principales motivos de desacuerdo, sin embargo, son la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, hasta ahora únicamente oral y memorística; y el plan para regularizar a los jueces sustitutos —la mayoría mujeres— que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias.

Ambas convocatorias son promovidas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). En un comunicado, los convocantes advierten de que no descartan prolongar la huelga en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos tras esas protestas.

El Gobierno ha tratado los últimos días en desmentir los “bulos” y aclarar las “falsedades” que se han difundido en torno a las reformas, al tiempo que ha anunciado la convocatoria de 1.440 nuevas plazas para jueces y fiscales durante los próximos tres años, aunque las asociaciones desconfían de que cumpla esta promesa ante la “ausencia de presupuestos”. También se ha reunido con las asociaciones y ha anunciado que reforzará los juzgados de violencia de género con la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales ante la entrada en vigor de la reforma que amplía su ámbito de actuación a todas las agresiones sexuales contra mujeres.

Pero estos anuncios no han calmado los ánimos entre las asociaciones promotoras de la huelga, que exigen la retirada de una reforma que el pasado jueves pasó el primer trámite de su camino parlamentario con su toma en consideración en el pleno del Congreso. Y que incluye otras medidas como blindar por ley el sistema de becas en un contexto en el que el 98,71% de los jueces de la última promoción contaron con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 64,52 % del total no había trabajado antes.