Los cinco días de autorreflexión y retiro que se concedió Pedro Sánchez en abril del año pasado, a raíz de los avatares jurídicos que se cernían sobre su esposa, en realidad le sirvieron para hacer una 'evaluación de daños' y encontrar un plan que disipara los nubarrones. La primera pieza de su plan consiste en otorgar plenos poderes en la persecución del delito a la figura del fiscal: lo que diga este será fundamental en la resolución de cada juicio, de tal forma que si no ve nada punible se acabó el delito. La segunda pieza es conseguir la mayoría en el Tribunal Constitucional. Ambas cosas ya las tiene Sánchez en su zurrón. Tal es así que no le importa decir en público que el fiscal depende totalmente del Gobierno y que, en concreto, su fiscal general debía recibir disculpas por los malpensados que hemos sido al atribuirle unos 'whatsapps' inculpatorios que no aparecieron porque fueron convenientemente borrados por su dueño. En cuanto al Tribunal Constitucional, de todos es conocido que sus vocales son elegidos por el Congreso y el Senado, y como actualmente hay mayoría socialista lo componen siete jueces progresistas y cinco conservadores. Así, las votaciones siempre arrojan el resultado de 7-5, cual set tenístico, a favor de los primeros. Lo que me desconcierta en este asunto es que su presidente, Conde-Pumpido, que mostró su valentía jugándose la vida en su época de fiscal en el País Vasco como un bastión en la defensa de la legalidad nacional y democrática, ahora se haya prestado a este juego de Sánchez y le dé carta blanca en todo lo que propone, sin considerar que ha manchado su toga y pasará a la historia como un vulgar fontanero del plan de Sánchez. En definitiva, nunca hubo presidente del Gobierno de políticos y magistrados tan bien servido. Ignacio Mainer Guerrero . Zaragoza Diez entidades científicas han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que muestran su preocupación por el impacto negativo del megaproyecto eólico 'clúster Maestrazgo' en el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio geológico, y solicitan su paralización cautelar. La transición energética busca arrogarse la legitimidad científica: son los científicos quienes alertaron del calentamiento global y vaticinan sus consecuencias. A partir de ahí, razonando en cascada, la ciencia otorga la coartada al «todo eléctrico» y da argumentos, a través de los estudios de impacto ambiental, para disimular los daños colaterales que las grandes instalaciones de energía eólica y fotovoltaica causan en el territorio. La carta a la ministra destapa esa manipulación. Las dudas que suscita el desordenado despliegue de las renovables no nacen de la irracionalidad ni del 'negacionismo', sino del conocimiento, del respeto al medio natural y de la constatación del escaso rigor técnico que tienen la mayoría de los proyectos. Ese mercadeo especulativo no tiene el amparo de la ciencia. De su lado está el poder, pero no la razón ni el conocimiento. José Luis Simón . Zaragoza
