El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes , ha afirmado este martes que la Confedeación Hidrográfica del Guadiana (CHG) «no tiene buena fe» en el trámite que se sigue respecto al proyecto de conexión definitiva de los embalses de La Colada y Sierra Boyera , en el Norte de la provincia, cuya ejecución ya adjudicó la Junta de Andalucía por 9,3 millones de euros, pero que no tiene autorización para realizar esa obra por el rechazo de la CHG. En rueda de prensa, Fuentes, después de que la CHG rechazara las alegaciones que fueron presentadas por la Junta y la Diputación, y después de que, además, acudiera a la Abogacía del Estado para que determinase si se había extralimitado o no en sus competencias en la resolución de esa negativa a dar la autorización, como afirman Junta y Diputación, ha señalado que la Confederación del Guadiana, en «otra jugada más», ha dicho que el informe de la Abogacía del Estado le es «favorable», pero la cuestión, según ha subrayado Fuentes, es que la Diputación, según la versión pública de su presidente, no tiene ese informe. Ello coloca, según el presidente de la Diputación, a la institución provincial en una situación de « indefensión » y, por tanto, de «inseguridad jurídica», respecto al rechazo a un proyecto que implica que «el Gobierno de España está maltratando a la zona Norte» de Córdoba, en cuanto a asegurar el suministro de agua potable a la población en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato. Todo ello es lo que ha llevado al presidente de la Diputación a la conclusión de que lo referido al citado informe de la Abogacía del Estado «es otra jugada más de la Confederación, que no tiene buena fe, porque estas cosas se podían haber resuelto en seis meses, según la Ley, y llevamos ya dos años y medio», y a ello se suma que él se haya tenido que «enterar» por la Prensa, en este caso por una información que avanzó ABC hace una semana , en lugar de «que me manden el escrito a mí, como Dios manda, con número de registro» y, a partir de ahí, «ya veré yo cómo me defiendo». Fuentes ha reclamado que la CHG le facilite el informe, para que «los servicios jurídicos de la Diputación y de la Junta de Andalucía valoren lo que dice« la Abogacía del Estado «en un conflicto de competencias como el que nos ocupa». También quiere saber Fuentes si la Abogacía del Estado «ha leído» los «recursos» de la institución provincial, «que los realizaron técnicos y abogados e ingenieros de la Diputación. A ver qué opina de lo que yo le he dicho ahí», pues puso «en conocimiento» de la Abogacía del Estado «tácticas poco aconsejables por parte de la Confederación». Sin embargo, hasta ahora lo único que tiene la Diputación es «indefensión, inseguridad jurídica y malestar por el trato que le están dando a una provincia que no se lo merece, y se lo está dando el Gobierno de España , y llevamos dos años y medio», cuando «esto se podía haber solucionado en seis meses, en 2022», pero «no se hizo», y mientras tanto continúan «con los mismos argumentos y con las mismas tácticas». Como consecuencia, Fuentes se siente «maltratado como presidente de la Diputación, y lo más grave no es que me maltraten a mí, lo más grave es que el Gobierno de España está maltratando a la zona Norte» , y esto «no es baladí», sino «muy grave», porque tiene que ver con el agua, «y como no tengamos agua en dos años», en ese caso, se ha preguntado, «con qué cara vamos a ir allí a decir que no hemos resuelto el problema del agua por un problema procedimental del artículo 114 de la Ley del Domino del Agua. Nos corren a gorrazos», ha concluido.
