La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este martes la primera sesión del juicio contra un administrador judicial y su esposa -contratada como abogada- de un grupo de sociedades de automoción en quiebra acusados de un delito de malversación impropia durante su actuación nombrado por la Autoridad Judicial. El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso ABC, recoge que el acusado fue informado y apercibido de sus obligaciones en relación a su cargo, determinándose por resolución judicial su obligación de realizar un informe de viabilidad de su administración en dos meses desde su toma de posesión y además obligado a rendir cuentas trimestrales y al final de su actuación. Sin embargo, el acusado junto a su mujer , contratada como letrada, siendo ambos titulares de una sociedad -y ella administradora única de la misma- detrajeron -mientras estaba él en el cargo de Administrador Judicial - de las distintas sociedades cantidades periódicas de dinero a favor de su cuenta corriente y desde ahí realizar los distintos pagos sociales así como pagos estrictamente personales y en su propio beneficio. En concreto pagaron desde las compras en supermercados a concesionarios de coches, restaurantes incluso hoteles. Del mismo modo, según el Ministerio Público que solicita tres años y seis meses de prisión por un delito de malversación impropia o alternativamente tres años de cárcel por un delito de administración desleal para cada uno, el acusado detrajo dinero de las cuentas de estas sociedades a favor de su mujer (contratada) así como a favor de un tercero. Concretamente, el escrito del fiscal recoge que se dispuso de casi 90.000 euros por transferencias bancarias y disposiciones en efectivo en su condición de Administrador Judicial de los cuales han dispuesto los acusados. En concreto, el acusado cesó en su cargo de Administrador Judicial en diciembre de 2017 requiriéndole el juez que rindiera cuentas. En enero de 2018 el acusado presentó en el Juzgado de lo Social la rendición de cuentas de la totalidad del importe dispuesto y referido anteriormente, que no fue aprobada, acordándose la obligación por parte del acusado de devolver estas cantidades -unos 65.000 euros- por disposiciones cuyo gasto no quedó acreditado y a la parte ejecutante en otra cantidad, que no ha sido devueltas, ni han quedado acreditado que fueran gastos relativos al cargo que le fue encomendado. La Fiscalía solicita para cada uno de los dos acusados una pena de tres años y medio de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de malversación impropia o en su caso, de forma alternativa, tres años de prisión por un delito de administración desleal y una multa de 7.200 euros.
