4 militares dominicanos sentenciados a 15 años por red de tráfico de migrantes haitianos
Santo Domingo.- El Tribunal Colegiado de Montecristi impuso penas de entre 5 y 15 años de prisión a miembros activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y a civiles implicados en una red de tráfico ilícito de migrantes haitianos, desmantelada en el denominado Caso Frontera.
Entre los condenados a 15 años se encuentran los militares Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, hallados culpables de facilitar y permitir, mediante actos dolosos y omisiones deliberadas, el ingreso irregular de ciudadanos haitianos por la frontera norte, específicamente entre las provincias Dajabón y Montecristi.
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La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) destacó que estos soldados “utilizaron su investidura para violar su deber constitucional de proteger la soberanía y seguridad nacional”.
También fueron sentenciados a 10 años de prisión los civiles Eddy Rafael Cordero Villanueva (alias Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, identificados como los principales organizadores del cruce ilegal de migrantes.
El tribunal desestimó las alegadas circunstancias atenuantes, valorando su falta de arrepentimiento y su rol activo en la red criminal.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, calificó el fallo como “una victoria histórica del Ministerio Público en defensa de la soberanía nacional y la integridad institucional”, y agregó que esta sentencia “marca un antes y un después en la lucha contra las mafias que operan en la frontera”.
En el mismo expediente, la haitiana Edna Josep fue condenada a 10 años de cárcel tras comprobarse que alojaba y ocultaba a los migrantes en territorio dominicano, mientras que ocho transportistas recibieron penas de 5 años por encargarse de la logística del traslado.
Entre ellos figuran Santo Valerio Contreras (Santico), Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez.
La decisión fue tomada por las juezas Mercedes María Reyes Jerez (presidenta), Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, quienes señalaron que los hechos cometidos por los militares constituyen “una afrenta inaceptable al deber sagrado de resguardar la frontera”.
El Caso Frontera fue el resultado de una investigación conjunta entre la PETT, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Montecristi, apoyada por unidades especializadas del Ejército, el Cesfront, la Policía Nacional y la División Especial de Crímenes Transnacionales (DEIDET).
El equipo de litigación estuvo encabezado por la procuradora María Elena Carrasco Veras y los fiscales Grimaldi Oviedo, Jhensy Víctor, Miguel Crucey y Aleika Almonte, con apoyo legal de la abogada Jissell González.
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