La A sociación de Madres y Padres de Alumnos Miguel de Cervante s de la localidad toledana de Mora ha manifestado su «preocupación y disconformidad ante el incumplimiento de un acuerdo previamente establecido con la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. El acuerdo, relacionado con la creación alterna —por curso escolar— de una unidad funcional de Educación Infantil (3 años) en cada uno de los centros educativos públicos de la localidad, explican, fue aprobado inicialmente y comunicado de forma positiva. Este compromiso contemplaba una distribución equitativa de recursos, unidades y personal docente, con el objetivo de garantizar una organización justa y equilibrada entre los centros en años alternos. Señalan que esta situación queda reflejada en la Resolución de 14 de febrero de 2025, emitida por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en la que se establece la adscripción a centros, la reserva de plazas escolares y las vacantes provisionales. En dicha resolución, se ofertan 40 plazas (2 unidades de Educación Infantil de 3 años) en el CEIP Fernando Martín, mientras que en el CEIP José Ramón Villa solo se ofertan 20 plazas. Asimismo, recuerdan que el pasado 29 de mayo de 2025, durante la adjudicación provisional del proceso de admisión, se confirmó que el compromiso adquirido por la Delegación Provincial y los centros educativos de la localidad no ha sido respetado. Además, la oferta de plazas publicada resulta completamente contraria a lo previamente acordado, generando una situación de desigualdad que afecta directamente a las familias y al principio de equidad educativa. «Este incumplimiento tiene consecuencias directas y negativas para el alumnado y el profesorado de nuestro CEIP Fernando Martín, ya que genera una situación de clara desventaja en relación al otro colegio público de la localidad, que sí ha recibido los recursos comprometidos el año anterior. Esta diferencia de trato rompe el principio de equidad educativa que debe garantizarse en todo el sistema público», alertan. Además, añaden, queremos destacar que esta situación vulnera gravemente el principio de inclusión educativa, al impedir que todo el alumnado —independientemente del centro al que pertenezca— tenga acceso a una educación de calidad en igualdad de condiciones. La inclusión no puede limitarse a un valor teórico; debe traducirse en medidas concretas, equitativas y sostenidas que garanticen una atención adecuada a la diversidad del alumnado. «¿De qué sirve hablar de inclusión si, en la práctica, la mayoría del alumnado de origen marroquí acaba concentrado en un único centro educativo? Esta distribución desigual impide una verdadera integración y dificulta la convivencia intercultural. Es imprescindible que este alumnado sea distribuido de forma equitativa entre los distintos centros educativos, para que la inclusión sea real y efectiva». Por todo ello, exigen a la Delegación una «respuesta urgente y transparente, así como la ejecución de los compromisos adquiridos, para restablecer la igualdad de condiciones entre centros y garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales de la educación pública: equidad, inclusión y calidad».
