La IVE en Chile: una deuda de salud pública que no puede seguir esperando
Chile sigue anclado en un debate que ya debería ser parte del pasado. Seguimos discutiendo si es “el momento” para garantizar un derecho básico: la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La resistencia de grupos conservadores, amparados en argumentos morales y religiosos, ha convertido este tema en una batalla política, ignorando que se trata, ante todo, de un asunto de salud pública y justicia social.
El retroceso como herencia de la dictadura
La prohibición absoluta del aborto en Chile no es una tradición histórica, sino un legado de la dictadura de Pinochet. Entre 1931 y 1989, el Código Sanitario permitía el aborto terapéutico. Sin embargo, en 1989, bajo un régimen autoritario y conservador, se eliminó esta opción, imponiendo una de las legislaciones más restrictivas del mundo, dejando a Chile entre los cuatro países del mundo con prohibición total (junto a El Salvador, Nicaragua y Malta). Hoy, aunque se han logrado avances mínimos con las tres causales (inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación), estos siguen siendo insuficientes y están plagados de obstáculos.
La objeción de conciencia institucional —una aberración jurídica que ni siquiera existe en la mayoría de los países con regulación— ha convertido el acceso al aborto en un espejismo. En regiones como Coquimbo o La Araucanía, no hay médicos disponibles para practicar IVEs. ¿Cómo puede el Estado llamarse democrático cuando permite que las creencias de unos pocos anulen los derechos de todas?
El mito de la “pendiente resbaladiza”
Los detractores de la IVE repiten como mantra que despenalizar el aborto llevaría a un “aborto libre”. Pero los datos internacionales desmienten esta falacia. En Argentina, tras la aprobación de la ley 27.610 (2020), no hubo un aumento significativo de abortos; en cambio, se redujeron las muertes por prácticas clandestinas. Según la OMS, la educación sexual y el acceso a anticonceptivos son las herramientas más efectivas para disminuir los abortos, no la criminalización.
En Chile, se estima que ocurren entre 100 mil y 160 mil abortos clandestinos al año. Estas cifras, aunque aproximadas, revelan una realidad cruda: las mujeres abortan, pero lo hacen en la sombra, arriesgando sus vidas. Y quienes pagan el precio más alto son las más pobres, aquellas que no pueden pagar una clínica privada y terminan denunciadas en urgencias por personal médico que, en lugar de protegerlas, las entrega a la justicia.
El doble discurso de los “valores”
Cuando los conservadores hablan de “defender la vida”, ¿a qué vida se refieren? ¿A la de las mujeres encarceladas por abortar? ¿A la de las niñas violadas obligadas a parir? El embarazo forzado es reconocido internacionalmente como una violación a los derechos humanos, pero en Chile se normaliza bajo el disfraz de la “protección del que está por nacer”.
La verdad es que esta postura no es “provida”, es anti-autonomía. Niega a las mujeres la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Y lo más cínico: quienes se oponen a la IVE suelen ser los mismos que rechazan políticas de educación sexual, acceso a anticonceptivos y apoyo a la maternidad. Su preocupación por la vida parece terminar en el parto.
El Estado no puede seguir mirando hacia otro lado
El Presidente Gabriel Boric ha anunciado un proyecto para despenalizar la IVE hasta las 14 semanas, un avance necesario aunque tardío. Sin embargo, la derecha y otros grupos conservadores han planteado que “No es el momento”. ¿Cuándo lo será? ¿Después de otra década de muertes evitables? ¿Cuándo las cifras de abortos clandestinos superen los 200 mil anuales?
Chile no puede permitirse seguir postergando este debate. La IVE es una deuda pendiente con la democracia, con la salud pública y, sobre todo, con las mujeres. No se trata de imponer una moral, sino de garantizar derechos. Mientras países como México, Sudáfrica o incluso Nepal —con contextos sociopolíticos complejos— han avanzado en regulaciones progresistas, Chile sigue estancado. Países como Alemania o España regulan el aborto sin restricciones hasta las 12 o 14 semanas, priorizando la vida y la salud de las mujeres por sobre dogmas religiosos.
Basta de hipocresía
Los derechos no se negocian. No dependen de mayorías parlamentarias ni de encuestas de opinión. La IVE es un imperativo ético y una obligación del Estado. Mientras los legisladores sigan discutiendo si “es el momento”, miles de mujeres siguen arriesgando sus vidas: desde quienes acuden a clínicas clandestinas —donde el único protocolo es el silencio— hasta quienes, empujadas por la desesperación, compran misoprostol en el mercado negro.
Este comercio ilegal, operado principalmente por hombres que lucran con la necesidad ajena, expone a las mujeres a un doble peligro: pagar por medicamentos falsificados —o incluso sustancias desconocidas— y enfrentar solas un proceso que, sin acompañamiento médico, puede terminar en urgencias. Así funciona la “justicia” en este tema: se criminaliza a la mujer que aborta, pero no a quienes trafican con su desesperación.
Chile merece una ley que no solo despenalice, sino que también garantice el acceso seguro y digno al aborto, porque como he planteado antes y sostengo hoy: la autonomía no es un privilegio, es un derecho. Y no existe “mal momento” para hacer justicia.
Giovanka Luengo Figueroa, trabajadora Social y colaboradora de Fundación Pensamiento Verde