Madres cubanas son acusadas de tráfico de menores por emigrar con sus hijos a EEUU: "Es muy duro, uno no es un delincuente"
Betsy Segura e Irianna Gilimas, quienes son dos inmigrantes de nacionalidad cubana que se vieron obligadas a dejar su país por la crisis y emigrar a Estados Unidos para buscar un futuro mejor para ella y sus hijos. Sin embargo, el gobierno estadounidense las acusa de traficantes de sus propios hijos. “Nunca pensamos que nos acusarían por el simple hecho de no haber abandonado a nuestros hijos, por haberlos traído a buscar lo mismo que hemos buscado los cubanos por años”, dice Gilimas, de 36 años desde su casa en Miami.
Con la llegada de la pandemia Cuba empezó a colapsar más de lo que ya estaba, por eso Gilimas llegó a Estados Unidos en el 2021, mientras que Segura llegó en el 2022.Ambas fueron permitidas de entrar a Estados Unidos junto con sus hijos y esposos, una vez dentro procesaron sus documentos y las liberaron con sus respectivos paroles. Una vez que cumplieron un año viviendo en EEUU solicitaron la Green Card para poder trabajar de forma legal.
Denegación de residencia y la incertidumbre migratoria
Después de más de un año esperando respuestas, las familias afectadas recibieron la noticia que cambiaría su situación: la solicitud de residencia permanente fue rechazada por las autoridades migratorias. El aviso no solo impactó a los adultos, sino que afectó profundamente a sus hijos, quienes aún podrían regularizar su estatus migratorio. Una de las hijas, que ya ha aprendido inglés y se ha adaptado más rápido que sus padres, expresa la angustia de no entender por qué ella tiene la posibilidad de quedarse, mientras sus padres no. Ni Segura ni su esposo tienen respuesta a esa pregunta, lo que resalta el desconcierto y la frustración que enfrentan.
La comunicación oficial llegó desde el Tribunal del Distrito Este de Washington, en Spokane, donde se notificó que las familias habían ingresado al país "ilegalmente" y que la Patrulla Fronteriza los había detenido en un puerto de entrada o sus cercanías. Además, se les acusaba de ser "inadmisibles" por su supuesta implicación en el tráfico de personas, específicamente por haber cruzado la frontera sur junto a sus hijos. Esta acusación fue completamente inesperada para las familias, quienes nunca imaginaron que, como padres biológicos, podrían ser señalados de este delito.
La sorpresa ante la acusación de tráfico de personas
La acusación de tráfico de personas resultó desconcertante para muchos, incluyendo a Gilimas, quien expresa su sorpresa al escuchar tales alegaciones. La idea de haber sido considerados responsables del tráfico de su propio hijo era impensable. Para ellos, cruzar la frontera juntos como familia nunca fue una opción separada, y mucho menos dejar a su hijo atrás. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el contrabando humano implica violar intencionadamente las leyes migratorias, lo que incluye el ingreso ilegal al país y el transporte o alojamiento de personas sin documentos. Este marco legal deja poco margen para la interpretación, lo que agrava la situación de los inmigrantes afectados.
Las cifras de delitos migratorios en 2024 muestran un panorama complejo: más de 17,000 casos fueron reportados, con un 25,1% de ellos relacionados con el tráfico de extranjeros. Aunque la mayoría de los acusados son hombres y de origen hispano, un porcentaje significativo de los casos está relacionado con menores no acompañados. Sin embargo, en ninguno de los informes de la Comisión de Sentencias se abordan situaciones como la de las familias acusadas, en las que los padres biológicos son los acusados de tráfico, lo que resalta una grave omisión en la política migratoria.
La perspectiva de los abogados ante un sistema de inmigración más estricto
El abogado Willy Allen, quien atiende varios de estos casos, sostiene que lo ocurrido podría ser un ejemplo claro de un abuso de poder por parte de las autoridades migratorias. Para él, la acusación de tráfico de personas contra los padres es un castigo por intentar ingresar al país en busca de una vida mejor. Allen argumenta que esta acusación no tiene precedentes en su experiencia de más de 40 años trabajando con la comunidad cubana, sugiriendo que alguien en la oficina de Spokane ha decidido aplicar una interpretación extremadamente severa de la ley.
Aunque la entrada ilegal al país siempre ha sido un delito, Allen considera que la aplicación de la ley se ha vuelto más rigurosa que nunca, lo que pone a los migrantes en una situación aún más precaria. Esta nueva ola de medidas estrictas no solo afecta a quienes han cruzado la frontera, sino que también les impide acceder a los recursos básicos, como permisos de trabajo o licencias de conducir. Sin estas herramientas, muchos se ven incapaces de sostener a sus familias o cubrir los gastos legales para defenderse de las acusaciones, lo que genera una sensación de desesperación generalizada en la comunidad inmigrante.
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