La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tachado este jueves a las empresas de «corruptas» tras conocer que en el informe de la UCO , sobre las presuntas mordidas pagadas a Santos Cerdán , aparece Justo Vicente Pelegrini, ex director de Construcción de Acciona para España, que fue despedido a raíz de estas informaciones. Díaz en su reunión con Pedro Sánchez, por la ronda de contactos que mantiene el presidente entre sus socios, exigió que se adoptasen medidas de «regeneración democrática» como que las empresas implicadas en casos de corrupción no puedan ser contratadas por ninguna administración pública. Estas declaraciones han sido refutadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha rechazado que se apostille que las empresas son corruptas: «No lo puedo admitiry me niego a este planteamiento», ha defendido. Garamendi ha lamentado que la vicepresidenta del Gobierno haga estas acusaciones: «El que corrompe es el que tiene el poder», ha respondido. El líder de la CEOE ha asegurado que no se puede siempre buscar a las empresas como «las culpables de absolutamente todo lo que pasa»: «Cada vez que hay un problema, me escabullo por ahí y le culpo a las empresas en genérico y entonces ahora nos llaman corruptores», ha denunciado en un foro organizado por 'Diario Sur' en Málaga. En opinión de Garamendi, el funcionamiento de la corrupción no es que «tengo dinero y te corrompo», sino que hay responsables políticos que chantajean a empresarios y les dicen «si no me das dinero no te doy» un contrato. Cuestionado, en concreto, sobre el papel de las empresas en este contexto, ha aludido que «si me sacas tres, cuatro empresas y hay dos millones de empresas, no sé de qué estamos hablando... Lo otro es un partido, un gobierno, es lo que es, es un sistema que está ahí». Así, ha dicho que «en este caso la compañía tendrá que tomar las medidas oportunas, ha despedido al que tenga que despedir, si hay responsabilidades tendrá las que tenga que haber y está la justicia». La líder de Sumar en el Gobierno de coalición demandó a Sánchez la «garantía de que el caso que hemos conocido no se extienda a todo el Partido Socialista» y que si afecta a más personas se las apartará de la vida política.
