Movilización contra la condena a Cristina: el Gobierno se mantiene al margen
En el Gobierno hubo silencio de entierro ante la seguidilla de decisiones judiciales que se desencadenaron en las últimas horas, pero no puede desentenderse de las calles.
Pese a que la expresidenta presa Cristina Kirchner no tendrá que asistir a Comodoro Py finalmente, los movimientos peronistas ratificaron la movilización en contra de la sentencia y en el ministerio de Seguridad preparan el operativo antipiquetes expectantes a cuál será el epicentro de la concentración militante, mientras el presidente Javier Milei continúa su agenda paralela.
Ayer la Justicia definió otorgarle prisión domiciliaria a Cristina en su departamento de la calle San José 1111 en Constitución y desde el PJ, La Cámpora y los sindicatos que adhirieron a la marcha decidieron mantener la movilización que originalmente iba a ser hacia los tribunales de Comodoro Py. En ese sentido fue que la Cámara Federal de Casación Penal, oficio mediante, le pidió a la Policía Federal que disponga de refuerzos para "el resguardo de las personas y los bienes sitios en el edificio".
Ante el fallo de la domiciliaria, se dispersaron las militancias -la CGT, por ejemplo, dio libertad de acción a los sindicatos- pero la convocatoria sigue fuerte en pie con un nuevo destino: Plaza de Mayo.
Alerta en el Gobierno por la calle de Cristina
Desde el pronunciamiento de la Corte Suprema la semana pasada, las calles porteñas sufrieron de cortes y desvíos que por ahora fueron relativamente controlados, con excepción de algunos disturbios ocasionados a medios como TN, canales de streaming y el bloqueo constante en la esquina del edificio de Cristina entre San José y Humberto Primo. Se trata de uno de los focos que serán afectados durante la jornada, sumado a las concentraciones en el microcentro porteño.
Por caso, un alto referente de la cúpula libertaria reconoció ante El Cronista la semana pasada que "si fue tranquilo, fue gracias a ella (Cristina)", y calificó su actitud como "razonable" al no agitar una presencia masiva en las calles. Pero ahora, con las instancias judiciales a flor de piel, la política no asoma descanso en reclamo por el fallo y la convocatoria amenaza con un corte masivo en varios focos de la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque públicamente en el Ejecutivo se mantuvieron cautos sobre la situación que sufren los vecinos de Constitución, la diputada libertaria Lilia Lemoine sí agitó contra la militancia K en la previa del fallo por la domiciliaria. "Si yo no puedo circular por esa calle quiere decir que no estamos en estado de derecho", lanzó la karinista en LN+ anoche, tras anunciar que intentará ir a visitar a una de las vecinas de Cristina.
En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad sí puso de manifiesto su "preocupación" por la congestión de las calles de la zona del departamento de Cristina y elevó el planteo a la Justicia para que se tome en consideración. Desde Nación hicieron hincapié en que el operativo de seguridad se va a mantener vigente sin flexibilizaciones, sin importar el motivo, reconocen que no tienen previsto cuál va a ser el alcance aunque, a priori, quieren demostrar que tienen todo bajo control.
El Ejecutivo se distancia de la condena de Cristina
La cara del operativo será la ministra Patricia Bullrich, que ya cobró protagonismo en la previa de la marcha con un anuncio sobre una serie de cambios que impulsó el Gobierno por decreto para ampliarle facultades a la Policía Federal. El acto fue en el Departamento Federal de Investigaciones junto al Presidente Milei, quien decidió reaparecer con esta actividad tras su gira por Europa.
En un afán de distanciarse del efecto Cristina, en el Gobierno aseguraron que se trató de un acto programado hace tiempo y, de hecho, no hubo mención del tema en todo el discurso. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no se inmutó por la situación de las calles: "El Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para que no se altere", disminuyó en declaraciones con la prensa tras el anuncio de Seguridad.
El presidente Milei estaba ocupado con su agenda en Israel cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso para revisar el juicio por la Causa Vialidad y, consecuentemente, dejó firme la condena de la expresidenta. No hubo un exabrupto contra Cristina por parte de ningún funcionario, ni siquiera Bullrich, a pesar de haber sido una de las únicas que se distanció de la narrativa de la "Justicia independiente" para además ratificar la decisión de la Corte Suprema: "El que las hace, las paga", festejó en X.
La línea del Gobierno fue limitarse a desmentir el "pacto de impunidad" que agitaron los republicanos durante la campaña porteña. Puertas adentro, los más altos referentes de la Casa Rosada se preocuparon más por el escenario abierto en pleno año electoral que deja la acefalía del peronismo -un alto funcionario lo comparó con una "anarquía" y lo calificó de "inestable"-, mientras que revisan la estrategia electoral para la Provincia de Buenos Aires, sin Cristina candidata.
Los referentes del Gobierno que dialogaron con El Cronista hicieron hincapié toda la semana en la nula incidencia del Gobierno el Poder Judicial y que la inconveniencia en términos políticos -"hubiésemos preferido ganarle en las urnas"- no puede escapar de la culpabilidad de Cristina. De todos modos, aseguraron que de haber sido necesario una detención con la Policía Federal hubiesen sido lo "más cuidadosos posibles". "No somos el macrismo, no queremos un show de la detención de Cristina", habían avisado.
Públicamente, continuaron su agenda cotidiana y no volvieron a pronunciarse respecto de la condena a excepción de Francos, la cara diplomática que continuará paseándose por los medios hoy con más entrevistas. En este sentido, todavía no hubo conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien regresó de Europa la semana pasada en las vísperas del fallo de la Corte Suprema y viene reprogramando la conferencia desde entonces. La última fecha es este miércoles, pero es susceptible a volver a suspenderse.