La Guardia Civil ha liberado a nueve mujeres forzadas a prostituirse en dos pisos de Baracaldo (Vizcaya), donde permanecían hacinadas y vigiladas mediante cámaras de seguridad. Después de las entradas y registros efectuadas el pasado mes de mayo, también en Castro Urdiales (Cantabria) hay siete personas detenidas y tres investigadas que se enfrentan a los delitos de trata de seres humanos , prostitución coactiva, contra la salud pública por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Tal y como informó ayer el Instituto Armado, los presuntos responsables de la organización residían en el municipio cántabro Castro Urdiales, próximo al País Vasco. Son un matrimonio y su hijo, que contaban con distintos roles definidos en la trama. El último era quien se encargaba del transporte de las mujeres entre dos pisos de Baracaldo, donde eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día. También del cobro de los beneficios de la explotación sexual. Las víctimas (cinco mujeres colombianas, una venezolana, una boliviana, una paraguaya y una española) vivían en condiciones de insalubridad en estas dos casas de Baracaldo, en la margen izquierda de la ría de Bilbao. Las tenían retenidas dentro de habitaciones con literas donde eran observadas mediante cámaras de seguridad, que grababan también en las zonas comunes, por otras siete mujeres que hacían turnos de 12 horas para mantener vigiladas a las víctimas. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, se inició en 2024, después de que una ONG alertara de la posible existencia de víctimas de trata en la provincia de Vizcaya. Fue entonces cuando averiguaron que una mujer había sido introducida en España a través de Grecia. Pasó por varios pisos en el País Vasco, Cantabria y Andalucía y se constató que había sido explotada por el matrimonio en uno de los pisos de Baracaldo. Tras el descubrimiento, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del la Comandancia de la Guardia Civil en Vizcaya, puso en marcha la operación 'Bildaketa'. En el marco de esta realizaron las mencionadas entradas y registros en el mes de mayo, donde intervinieron 20.000 euros en efectivo, siete teléfonos móviles, un portátil, cocaína para los clientes, pastillas de sildenafil y documentación vinculada a los servicios que ofrecían.
