“Usurpador”: ciudadanía de Quiruvilca critican al Gore La Libertad por intento de construir el “nuevo Challapalca” sin consulta previa
La población del distrito de Quiruvilca, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, expresó su total rechazo a la construcción del denominado “nuevo Challapalca”, un penal de máxima seguridad que el Gobierno Regional del región pretende levantar en su jurisdicción. La decisión, aseguran, se tomó sin consulta previa a las comunidades afectadas.
Durante los últimos días, habitantes y rondas campesinas denunciaron públicamente que el terreno destinado para el penal es una propiedad privada en la que viven varias familias que subsisten de la crianza de animales y el cultivo de productos agrícolas. Ante la falta de información oficial y sin haber recibido notificación alguna, los comuneros calificaron al gobernador regional César Acuña como “usurpador”.
“En ningún momento el gobernador nos ha llamado al diálogo, nos ha pedido permiso ni nos ha preguntado si queremos vender nuestro terreno. Nosotros no hemos sabido nada al respecto. Esto constituye una usurpación por parte del señor César Acuña”, declaró el propietario del terreno. “Este campo es para animales y pastoreo; además, hay chacras sembradas en los alrededores”, añadió.
Protesta en Quiruvilca por construcción de penal de máxima seguridad
La tensión aumentó tras una visita de funcionarios del Gore La Libertad y de la Superintendencia Nacional de Bienes a la zona donde se prevé ejecutar el proyecto. Ante la indignación de la población, los representantes fueron increpados y obligados a retirarse, no sin antes ofrecer disculpas a los vecinos. Desde entonces, el promotor del proyecto no ha retornado al distrito.
En respuesta a las protestas, el gerente general del Gore La Libertad, Martín Namay, anunció que se instalará una mesa de diálogo con las comunidades de Quiruvilca para abordar el futuro del terreno en cuestión. Afirmó, además, que el proyecto aún no se ha iniciado formalmente.
“Hasta el momento no se ha comenzado ningún proyecto. Se están considerando todas las medidas necesarias para no perjudicar a ninguna comunidad o familia”, indicó Namay.
Frente al descontento social, las autoridades locales buscan evitar posibles enfrentamientos en una zona históricamente vulnerable, donde la defensa del territorio y el acceso a información transparente son exigencias urgentes.
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