Que la ministra de Igualdad anuncie un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución es un ejercicio de cinismo manifiesto. El debate sobre esta cuestión es profundo y tiene múltiples aristas, pero en ningún caso lo puede abordar el PSOE rodeado por escándalos relacionados con el pago a cambio de sexo. Su propia cúpula hizo durante años un uso estructural de la prostitución con revelación de costumbres y conversaciones del todo obscenas e irrespetuosas. Sería paradójico que, como ha venido sucediendo, el partido del Gobierno hiciera bandera electoral y pública del abolicionismo mientras en privado sus miembros se entregaban a este tipo de prácticas con el dinero de las mordidas y quizás a costa del erario público. Como sucede en el ámbito judicial, donde impulsa una reforma de las instituciones que lo persiguen, el Gobierno se ve deslegitimado en todo lo que respecta al feminismo y la igualdad después de vulnerar en la práctica los principios que trata de elevar a rango de norma.
