El PP veta la suspensión del polémico president del Parlament balear, Gabriel Le Senne, imputado por delito de odio
El partido de Marga Prohens respalda por segunda vez al dirigente ultra y justifica ese apoyo en la necesidad de no "trivializar" con la suspensión de un diputado, que alteraría la representatividad. Le Senne rompió unas fotografías de víctimas del franquismo
La Justicia envía al banquillo al president del Parlament balear, de Vox, por romper la foto de varias víctimas del franquismo
El PP vuelve a salvar a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear imputado por un delito de odio tras haber roto en el hemiciclo varias fotografías de víctimas del franquismo. Los conservadores mantienen al alto cargo de Vox, que ocupa la presidencia de la Cámara autonómica gacias a un pacto entre ambas formaciones políticas. Ha sido Sebastià Sagreras, portavoz parlamentario del PP, quien ha anunciado el voto en contra de su partido en la Comisión del Estatuto de los Diputados que tenía que decidir si elevaba al pleno la suspensión de Le Senne.
El polémico dirigente ultra está siendo investigado por la Justicia por hacer trozos unas imágenes de las Rojas del Molinar, unas víctimas del franquismo especialmente relevantes en Mallorca, sobre todo una de ellas, Aurora Picornell, conocida como la 'Pasionaria' de la isla. Las fotografías estaban en la parte trasera de los ordenadores de dos diputadas socialistas, Mercedes Garrido y Pilar Costa, a quien Le Senne expulsó del pleno, un acto que podría haber vulnerado los derechos de ambas y que está estudiando el Tribunal Constitucional, de forma separada a su imputación por delito de odio en el juzgado Nº1 de Palma.
Tras el salvavidas de este jueves, es la segunda vez que el PP echa un cable al polémico Le Senne, ya que los conservadores se abstuvieron el año pasado en el debate de remoción de la segunda autoridad de las Islas. Sagreras ha justificado el voto en contra de su partido en la Comisión del Estatuto de los Diputados por la necesidad de no “trivializar” con la suspensión de un parlamentario, que alteraría la representatividad de la Cámara, y por la falta de “legitimidad” del PSOE para reclamar la salida de Le Senne, según su interpretación.
“La suspensión de un diputado significa alterar el significado de lo que es un diputado y la alteración de la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas y que en lugar de 59 diputados hubiera 58”, ha defendido. A juicio del 'popular', supondría, igualmente, crear un precedente “muy peligroso” porque significaría que una mayoría de diputados podría suspender derechos y deberes de un parlamentario en minoría.
Respecto a la legitimidad del PSOE, Sagreras ha insistido en los argumentos esgrimidos este miércoles. “El PSOE pide para sus adversarios lo contrario de lo que se aplican a sí mismos”, ha indicado en referencia a la imputación del fiscal general del Estado o al hecho de, en Extremadura, su líder se beneficiara de un aforamiento 'exprés' tras ser perseguido por la Justicia. El 'popular' se ha referido, además, a lo que ha considerado “discrepancias” en el proceso judicial que afecta a Le Senne, ya que el fiscal ha pedido el archivo.
Le Senne se niega a dimitir y Prohens le protege
Marga Prohens (PP), presidenta del archipiélago gracias a un acuerdo con Vox, el mismo que aupó a Le Senne como presidente de la Cámara autonómica, no ha pedido directamente la dimisión del ultraderechista. Como mucho, ha dado “por hecho” que el presidente del Parlament dimitiría, pero fueron unas declaraciones del año pasado, en el contexto de la ruptura de los pactos entre PP y Vox por decisión de Santiago Abascal. “La decisión de Vox de dar por roto sus acuerdos [con el PP] implica también su renuncia a la presidencia del Parlament de las Illes Balears, que obtuvieron fruto de estos acuerdos. Abascal fue muy claro y dijo que se rompían los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas y aquí la única contraprestación [de Vox] era la presidencia del Parlament”, señalaba entonces la líder autonómica.
El PP necesita a Vox para seguir en el poder y echar a Le Senne de su asiento haría cuesta arriba una legislatura que ya es complicada per se porque prácticamente cada negociación entre ambos partidos se convierte en una lucha y, sobre todo, porque a Prohens le cuesta aprobar los presupuestos autonómicos sin someterse a las exigencias de los ultras, enfocadas especialmente en la cultura y la lengua catalanas. El año pasado no cedió a los chantajes de Vox y se quedó sin cuentas, que actualmente están prorrogadas, pero las negociaciones entre las dos formaciones aparentemente están encauzadas y se espera que sean aprobadas durante el verano.
Le Senne, por su parte, se niega a abandonar el cargo y preside los plenos con total normalidad. Él dice que está “tranquilo”, “centrado” en sus “responsabilidades” y “amparado por el derecho de la presunción de inocencia”. Además, se muestra “convencido” de que actuó “en el ejercicio de sus funciones, sin otra intención que la de aplicar el Reglamento, respondiendo a quejas de grupos que representan la mayoría de la Cámara y tras recabar asesoramiento legal”. Estos argumentos no han servido a la Justicia, que le sentará en el banquillo de los acusados por un delito de odio. La Audiencia Provincial de Balears rechazó a principios de junio el recurso que interpuso en enero el dirigente para solicitar su exoneración, lo que automáticamente lo envía a juicio bajo una petición de entre un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel y hasta 11 años de inhabilitación. El propio Le Senne y la Fiscalía reclaman su absolución.
Cabe señalar, además, que Le Senne es el segundo presidente de la Cámara balear que se sentará en el banquillo después de que Maria Antònia Munar, histórica dirigente de la extinta y ahora resucitada Unió Mallorquina (UM), fuese juzgada hasta en seis ocasiones por varios de los casos de corrupción más sonoros de la historia de Balears y acabara acumulando -y cumpliendo- condenas que sumaban 14 años y medio de cárcel. Sin embargo, a diferencia del parlamentario de Vox, Munar anunció su dimisión como segunda autoridad de las islas y el abandono de la vida política antes de llegar a juicio, al igual que Pere Rotger (PP), quien dejó su cargo tras ser imputado en la ramificación balear del caso Gürtel, más conocida como caso Over Marketing. Rotger no llegó a sentarse en el banquillo dado que el juez archivó finalmente su encausamiento.