Opositor nicaragüense dice que Costa Rica deja de ser un refugio seguro tras asesinato de Roberto Samcam
La muerte a balazos del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, dentro de su vivienda en el condominio Naples, Moravia, encendió las alarmas entre la comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica.
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) advierte que el país ya no ofrece la seguridad necesaria para quienes huyen de la dictadura sandinista.
Un portavoz de la UEN, quien no brindó su identidad por seguridad, manifestó a La Nación que “Costa Rica es un país altamente vulnerable y no está preparado para enfrentar la amenaza que representa el régimen sandinista.”
Desde su perspectiva, la dictadura no es simplemente un partido político, sino “una organización criminal señalada y documentada por cometer crímenes de lesa humanidad”.
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El miembro de la UEN sostuvo que el régimen de Daniel Ortega ha desarrollado una red de inteligencia que opera incluso en territorio costarricense.
“Han llegado a infiltrar diplomáticos disfrazados para organizar células, ubicar a opositores y darles seguimiento según su perfil”, señaló.
La “débil inteligencia” en Costa Rica ha dejado a los exiliados expuestos a un trabajo sistemático de persecución.
“Los órganos de inteligencia en Costa Rica son muy débiles y frágiles, lo que facilita que la dictadura mantenga su influencia y siga actuando con total impunidad”, apuntó el portavoz.
Según el vocero, la dictadura “no tiene límites: persigue, amenaza, exilia, mata y hasta quita la nacionalidad de sus adversarios”.
El otro caso emblemático que recuerda es el intento de asesinato de Joao Maldonado y su compañera Nadia Robleto, en Curridabat.
Este homicidio no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repite desde hace años contra opositores que habían encontrado refugio en Costa Rica.
“Así va a ser el tratamiento: a cada opositor le asignan una ‘dosis’ de persecución que puede ir desde la amenaza hasta la muerte”, concluyó.
Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos costarricenses han comenzado a exigir al Gobierno un reforzamiento en las medidas de protección para los exiliados nicaragüenses, en medio de la preocupación por la escalada de violencia y la presencia de células vinculadas al régimen de Ortega en suelo costarricense.