Las piezas empiezan a encajar de manera espontánea en el puzle de lo que antes era el caso Ábalos y ya se ha convertido en el caso del sanchismo. La entrada policial en Ferraz por orden del magistrado Leopoldo Puente, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es un episodio que el presidente Sánchez pueda ahora encajar en «una anécdota». No es anecdótico que en el marco de una investigación penal contra los dos últimos secretarios de Organización del PSOE designados por Pedro Sánchez –uno de ellos, Santos Cerdán, ratificado por aclamación en el último congreso socialista– nada más y nada menos que un magistrado del Supremo ordene una operación en la sede oficial del partido en el Gobierno. Para llegar a la conclusión de que esta medida de investigación era necesaria, el magistrado ha detectado, y así lo señala en su auto, «consistentes indicios» de «la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto de que pudiera ser don Santos Cerdán quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas». El binomio de confianza de Sánchez, formado por Ábalos y Cerdán, tenía montado entre Ferraz y el Ministerio de Transportes, también incluido en la misma operación, una sociedad delictiva para repartirse comisiones ilegales. Conociendo la prudencia y la mesura con la que se comportan y conducen los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la hora de investigar casos especialmente delicados, se puede intuir que los futuros acontecimientos acercarán al PSOE a una imputación penal, por acción u omisión, como consecuencia de haber percibido parte de las comisiones ilegales o, al menos, por haber prestado su infraestructura para la trama criminal de Ábalos y Cerdán. No se recuerdan pasos en falso en las instrucciones dirigidas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Encaja también la pieza memorable del «necesito a Balas, ¿vale?», de la inefable Leire Díez, ejecutora chapucera de una campaña de descalificación del teniente coronel Balas y, por extensión, de la UCO de la Guardia Civil. Todo se explica mejor ahora por el temor de los socialistas a que pasara lo que ha pasado este viernes: que la Guardia Civil, por orden judicial, entrara y registrara el despacho de Cerdán en uno de los escenarios de su trama. Por más que se empeñe Sánchez, ni es cosa solo de dos ni es una anécdota que el esforzado ministro Bolaños pueda despachar con alguna de sus cada día menos brillantes ocurrencias. Además, el empujón dado por el magistrado Puente a la investigación consolida la idea de que era una trama bien asentada en la administración central del Estado, como lo demuestran las entradas de la UCO en Adif, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. Las dimensiones judiciales y políticas de esta situación sitúan al sanchismo como contexto y sinónimo de uno de los más graves casos de corrupción en la historia de la democracia. Frente a los ciudadanos, la operación policial en la sede de Ferraz ha hecho envejecer sin remisión las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en los últimos días. Han sido devoradas por una realidad corrupta que el líder socialista ni sabe ni puede atajar, y que puede llegar a afectarle personalmente. Sánchez es un dirigente político descalificado por sus decisiones, vulnerable al chantaje y a la deslealtad de quienes eran sus fieles, temeroso de una citación judicial y náufrago de un partido hundido por él mismo. Así no puede gobernar un país.
