Gobierno apaga la confianza para atraer inversión en sector energético

En un momento en que Guatemala busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la infraestructura y la industria, los hechos recientes evidencian una preocupante falta de institucionalidad y gobernanza.

Qué destacar. Analistas, gremiales empresariales y organismos internacionales coinciden en que el país no está enviando señales claras ni coherentes que generen confianza en los inversionistas, lo cual compromete seriamente su competitividad regional.

• El caso más reciente es el de la hidroeléctrica Pasabién, en Río Hondo, Zacapa, cuyas operaciones fueron suspendidas por bloqueos ilegales y amenazas a su personal, a pesar de existir órdenes judiciales para restablecer el orden.
• Este no es un hecho aislado, sino parte de una serie de eventos que reflejan la incapacidad del Estado para garantizar el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley.
• Casos similares han ocurrido en sectores como la minería, la agroindustria y la infraestructura vial, donde proyectos estratégicos han sido paralizados por conflictos sociales no resueltos y la inacción de las autoridades.

Por qué importa. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), advierte que este tipo de situaciones envían un mensaje negativo a los inversionistas, especialmente en el marco de las licitaciones PEG-5 y PET-3, que buscan ampliar la generación y la red eléctrica nacional.

• Ambas organizaciones coinciden en que, sin certeza jurídica, no hay condiciones para atraer ni retener capital. La falta de garantías legales y la ausencia de una respuesta estatal efectiva ante actos de ilegalidad generan un entorno de alta incertidumbre para quienes buscan invertir en el país.
• Desde el Banco de Guatemala (BANGUAT) se ha reiterado que la inversión privada —que representa dos terceras partes de los USD 6000M anuales que el país necesita para crecer sostenidamente— no llegará si persisten los bloqueos, la conflictividad social y la falta de ejecución de las instituciones.
• “Estos hechos afectan integralmente la percepción de riesgo país”, destacó Alvaro González Ricci, presidente del Banco Central. Además, recordó que Guatemala debería aspirar a niveles de inversión similares a los de países como República Dominicana o Costa Rica, que superan los USD 4000M anuales en Inversión Extranjera Directa.

Sí, pero. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que realizó esta semana su evaluación anual en el país, señaló que los principales retos de Guatemala no son macroeconómicos —que son estables—, sino estructurales: institucionalidad, gobernanza y competitividad social.

• La falta de infraestructura vial, portuaria y energética, sumada a la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley, limita el potencial de crecimiento y desarrollo.
• El FMI recalca que alcanzar el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un desarrollo integral y sostenible.
• Además, expertos del sector energético comentan que no existe una política pública clara ni una estrategia de sensibilización para promover proyectos de generación. La falta de personal técnico capacitado en entidades como el Ministerio de Ambiente, genera retrasos, incertidumbre y desincentiva nuevas inversiones. Incluso cuando existe voluntad política para agilizar procesos, la falta de capacidades técnicas en las instituciones es un tropiezo.

En conclusión. Guatemala tiene el potencial para convertirse en un polo de inversión energética y de infraestructura en la región.

• Cuenta con recursos de generación de diversas fuentes, ubicación estratégica y un mercado en crecimiento.
• Pero mientras persistan los bloqueos, la impunidad y la falta de acción estatal, ese potencial seguirá siendo una promesa incumplida.
• La inversión necesita más que discursos: requiere reglas claras, instituciones fuertes y un entorno donde se respete el Estado de Derecho.