El Colegio de Abogados de Madrid pide cuatro años de cárcel para el fiscal general
La institución presidida por Eugenio Ribón añade sin pruebas que García Ortiz actuó "siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno" para filtrar un correo de la pareja de Ayuso y solicita tres años de prisión para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez
La pareja de Ayuso pide cárcel para el fiscal general y omite que él filtró un correo a Miguel Ángel Rodríguez
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha pedido una condena de cuatro años de cárcel para el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La institución que preside Eugenio Ribón asume, como el juez, que Álvaro García Ortiz filtró ese email a la prensa “siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno” y solicita también una condena de tres años de cárcel para Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. La asociación Foro Libertad&Alternativa, vinculada a antiguos mandos del PP, también ha presentado su escrito pidiendo las mismas condenas.
El magistrado Ángel Hurtado decidió procesar hace unos días al fiscal general y la fiscal provincial de Madrid por la filtración de este correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía ante la Fiscalía haber defraudado 350.000 euros. Un auto de procesamiento en el que el juez añadía, por primera vez en la causa, que el fiscal general había urdido el plan para difundir esa información siguiendo “indicaciones” del departamento de Presidencia del Gobierno sin aportar más pruebas al respecto.
Varias acusaciones han presentado ya de cara al juicio sus escritos solicitando penas de prisión para García Ortiz y también para Rodríguez. Alberto González Amador ha solicitado cuatro años de cárcel para él, los mismos que el pseudo sindicato ultra Manos Limpias, por los seis años de presidio que pide la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). La fundación Foro Libertad&Alternativas ha solicitado la misma condenas.
Todos estos escritos de acusación coinciden en responsabilizar a García Ortiz de una revelación de secretos perpetrada para ganar el “relato” en un 13 de marzo de 2024 en que varios medios de comuniación difundían una versión falsa de cómo habían transcurrido las negociaciones entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía en su caso de fraude fiscal. El ICAM es la primera de las acusaciones en añadir, como hizo el magistrado en su auto de procesamiento, que actuó “siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno”.
El ICAM presentó una de las primeras denuncias contra la Fiscalía, prácticamente al mismo tiempo que Alberto González Amador, acusando a la Fiscalía de vulnerar el derecho de defensa y el secreto profesional del empresario y también de Carlos Neira, el abogado que entonces negociaba su confesión. Su escrito de acusación omite datos sobre la actuación del abogado que han aflorado a lo largo de la investigación: que la representación de González Amador ha ocultado que también envio ese email a la Abogacía del Estado y que el empresario ha negado haber autorizado al letrado para hacer esa negociación.
La abogacía madrileña, cuyo decano Ribón llegó a testificar durante el proceso, carga contra Pilar Rodríguez en su escrito de acusación. Lo hace deslizando que fue mantenida en su puesto gracias a su papel en esta filtración y también asegura que pidió añadir “un poquito de cianuro” a la nota de prensa del 14 de marzo buscando “mayor contundencia en perjuicio” del empresario. Lo cierto es que ese mensaje fue escrito por Rodríguez porque Isabel Díaz Ayuso y su entorno estaban achacando la causa contra su pareja a que Rodríguez había sido alto cargo de Justicia durante uno de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Después de afirmar que el fiscal general siguió “indicaciones” del Gobierno, el ICAM pasa a afirmar que “desde la Fiscalía General” se envió una copia del correo a Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa y que en su testifical afirmó que recibió el documento de manos de un periodista, sin recordar cuál. “La Presidencia del Gobierno dispuso, por conducto de Pilar Sánchez Acera, del correo y antes de que ningún medio lo publicara”.
El ICAM también pide que los dos sean inhabilitados para ejercer sus cargos actuales dentro de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid. Actuaron, dice, “con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad, y con el fin de contribuir a un rédito político”.