Se espera que el sector espacial multiplique por nueve sus beneficios actuales en esta década. Para aportar cifras exactas, se prevé que este mercado emergente aumente hasta los 1.600 millones de euros para 2035. Porque el espacio forma parte de nuestras vidas: desde las predicciones meteorológicas hasta la geolocalización que usamos con nuestros móviles, pasando por las propias comunicaciones, lo que ocurre sobre nuestras cabezas influye cada vez más en nuestro día a día. Por todo el mundo surgen nuevas empresas que dan servicios relacionados con la órbita terrestre. No en vano ahora mismo operan 11.700 satélites y se esperan otros 50.000 en la próxima década. Pero, ¿ quién rige las normas del espacio ? La respuesta simplificada es que el espacio no es de nadie. Sin embargo, sí que existen acuerdos internacionales, como el Tratado del Espacio Exterior, que sí rigen a nivel mundial, si bien están o poco adaptados a la actual realidad (esta normativa concreta data de finales de los años 60, durante la carrera espacial de la Guerra Fría); o se nutren de 'buenas intenciones' espaciales, pero que no son de obligado cumplimiento, como los recientes Acuerdos Artemis para la explotación de los recursos lunares. Para llenar este vacío jurídico, algunos países han creado su propia legislación. Estados Unidos, sede de las empresas más potentes en el mercado espacial (como SpaceX, de Elon Musk; o Blue Origin, del magnate de Amazon, Jeff Bezos), promulgó en 2020 su Política Espacial Nacional, donde reconoce como compañeras de viaje (al espacio, a la Luna, a Marte y más allá) a estas compañías privadas. China centraliza todo su poder en la iniciativa pública y la rige con mano férrea desde el gobierno del país. Y Europa tiene un panorama fragmentado con hasta doce leyes distintas: Luxemburgo fue pionero, pero le siguieron Francia, Italia, Suecia, Dinamarca o Alemania. Incluso España ya planea su propio reglamento . Para unificarlas en una norma europea común, este miércoles se ha presentado un paquete de legislativo en el que se incluye la propuesta de la Ley Espacial de la Unión Europea, que se espera poder aplicar a partir de 2030. «La nueva ley busca impulsar la innovación, garantizar la seguridad y fortalecer la competitividad de Europa en la economía espacial global -explicó en rueda de prensa Andrius Kubilius, primer comisario de la UE para la defensa y el espacio-. Es un paso clave hacia una presencia europea más segura y estratégica en el espacio. Estamos ante una ley histórica». Según han explicado funcionarios de la comisión, «la propuesta pivota sobre tres ejes: seguridad, resiliencia y sostenibilidad». Además, deberán acatarla «todas las empresas que operen y presten sus servicios en la UE», tanto los que crean, envían y operan satélites o lanzadores al espacio como las compañías que operen con los datos que se recogen allí. Es decir, hasta el mismísimo Elon Musk tendrá que acatar estas normas si quiere seguir prestando servicios como internet a través de los satélites de Starlink. Así, según la nueva reglamentación, cada país miembro podrá conceder licencias en base a los requisitos de la nueva ley, por lo que empresas como la española PLD Space podría obtener su permiso en España y operar por toda Europa. Aunque si un estado concede una licencia que luego la UE considera no se adapta a los requisitos, será el estado miembro quien reciba la sanción. Desde la comisión se señala que los puntos, en su mayoría técnicos, «no serán revolucionarios porque se han tenido en cuenta el avance de otras leyes»; sin embargo, «las normativas estatales tendrán que adaptarse», sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad espacial, que si irá más allá. «En la actualidad existen 140 millones de desechos espaciales -señalan las mismas fuentes-. El riesgo de colisión es evidente, por lo que es necesario regular este ecosistema. Europa aquí quiere ser referente». Además de atender a la mitigación de la basura espacial, la nueva norma también propondrá reglas sobre el ciclo de vida de las misiones y se establecerá un protocolo para informar sobre incidentes. Este punto podría afectar a que se instaure un sistema para que partes de cohetes que se desechan en el lanzamiento o satélites que entren en desuso contemplen una alternativa para desintegrarse contra la atmósfera en un tiempo limitado (en vez de quedar flotando en la órbita terrestre durante décadas, como ocurre con mucha de la basura espacial) o que incidentes como partes de sondas que caen descontroladas a la Tierra tengan un mayor control. También se instaurará por primera vez una metodología para calcular la huella de las actividades espaciales. Aún así, desde la comisión se llama a la calma: la propuesta aún tendrá que ser debatida por los estados miembros y no se espera que su aprobación se produzca hasta 2026 o 2027. Además, después habrá un periodo de transición para que las empresas, tanto europeas como extranjeras, se adapten a la nueva reglamentación, por lo que la aplicación efectiva de la norma se espera para 2030. Por otro lado, desde la Comisión aclaran que esta nueva ley no afectará al sector de defensa, que se queda fuera de la obligatoriedad de su aplicación.
