El seguro, entre la solvencia regulatoria y el costo fiscal desmedido
El sector asegurador argentino atraviesa una etapa de cambios y señales alentadoras, tras años de inestabilidad y desafíos acumulados. Desde la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), cámara que nuclea 29 compañías nacionales y privadas de todo el país, reconocemos con satisfacción el rumbo que ha tomado la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en este último año y medio. Su gestión ha comenzado a ordenar aspectos centrales que hacen a la solvencia del sistema, como la revisión de capitales mínimos, la adecuación de reservas por siniestros pendientes y un esquema más riguroso para el cálculo del IBNR (Incurred But Not Reported). Son pasos necesarios y, en buena medida, compartidos por los principales actores del sector.
Nuestro lema desde la Asociación resume esta visión: "tarifas suficientes, reservas consistentes y un capital adecuado". Estos tres pilares no son aspiraciones teóricas, sino condiciones indispensables para sostener un sistema que protege vidas, bienes y actividades económicas en todo el país.
Asignaturas pendientes. Pero aún con estas mejoras regulatorias, no podemos soslayar un problema estructural que compromete la competitividad y sostenibilidad del mercado: la elevada carga fiscal que soporta el sector. En particular, los efectos financieros del IVA se han convertido en un verdadero obstáculo operativo. Hoy, las aseguradoras deben tributar este impuesto al momento de emitir una póliza, no cuando efectivamente se factura o cobra. Este desfasaje genera tensiones de caja injustificadas y compromete la salud financiera de las compañías, especialmente en contextos inflacionarios o de baja en la actividad
Desde ADEAA promovemos corregir este desajuste: que el IVA se tribute en el momento de la facturación efectiva, como corresponde a una lógica económica sana. La iniciativa está en debate y esperamos que encuentre eco en los ámbitos legislativos correspondientes. En un momento en que se plantea una reforma tributaria, sería oportuno considerar también esta corrección.
Otro frente que exige atención es el de la litigiosidad, un fenómeno creciente que amenaza tanto la previsibilidad del sistema como su sostenibilidad a largo plazo. Nos enfrentamos a prácticas abusivas como los embargos preventivos (en la práctica "extorsivos") que paralizan operaciones, demandas infundadas amparadas en una "patente de corso" jurídica y, especialmente, un sistema de honorarios para peritos que ha mutado en comisiones porcentuales al monto de la sentencia, desvirtuando su función pericial.
Estas prácticas no sólo encarecen innecesariamente el sistema, sino que afectan directamente al asegurado, que termina asumiendo mayores costos a través de primas más altas o menor cobertura. Es fundamental repensar el esquema judicial vinculado al seguro, con criterios de racionalidad y equilibrio que resguarden tanto los derechos de los damnificados como la estabilidad del sistema.
Es por ello imprescindible abandonar el sistema de doble actualización de los montos de las sentencias judiciales, donde se fijan indemnizaciones a valores actuales pero se le adiciona tasas de interés bancarias que llevan ínsita depreciación monetaria. Se produce así una suerte de doble indexación de las condenas, lo que afecta no solo al Fondo Mutual de Primas, lo que repercute en toda la sociedad, sino que además promueve la inercia inflacionaria. Si bien la CSJN ha tratado de corregir este desacierto mediante el dictado del Fallo "Barrientos", su doctrina no ha derramado sobre los tribunales inferiores con la suficiente generalización que corresponde.
En definitiva, el seguro no es sólo un contrato financiero, sino que constituye una herramienta de previsión, inversión y desarrollo. Para que cumpla plenamente ese rol, necesita una carga fiscal razonable y un entorno jurídico que respete su función esencial.
El sector asegurador argentino quiere, y debe, crecer. Tiene la capacidad técnica, los recursos humanos y el conocimiento del riesgo para hacerlo. Pero necesita condiciones de base: solvencia regulatoria, carga fiscal razonable y una justicia ecuánime. Porque sin seguros, no hay inversión posible. Y sin inversión, no hay desarrollo sostenible.