Amnistía: a por la séptima mani, Alberto

No saltó la sorpresa en el Tribunal Constitucional y la ponencia de Inmaculada Montalbán ha sido avalada por seis votos a cuatro, con algunas cuestiones de inconstitucionalidad menores corregidas. Quienes ven en la amnistía la madre de todos los males les dirán que se debe a la mayoría progresista que ahora mismo gobierna el tribunal. En cambio, si siguen ustedes la impecable lógica jurídica que sostiene la ponencia y separan los cuestiones políticas de las materias legales, llegarán a la conclusión de que se ha impuesto la solvencia jurídica de una postura bien argumentada en un debate de altísima complejidad técnica y altísima temperatura política.

El dictamen del tribunal ha sido claro: la amnistía es legal porque cabe en la Constitución y es legítima porque atiende a un interés razonable y legítimo: resolver con una decisión política un conflicto político. En otras palabras, el tribunal resuelve que hacer política en España sigue siendo constitucional; de hecho, para eso sirve la Constitución.

La sentencia fija, además, jurisprudencia en dos cuestiones que han sido y serán relevantes en la política española de las últimas décadas. La primera dirime que todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución puede ser constitucional. En otras palabras, la Constitución no es el Muro del Norte, y al otro lado no esperan monstruos y horrores, como hemos escuchado defender a la derecha y la ultraderecha todos estos años.

La Carta Magna no constituye un punto de llegada; es un punto de partida, desde donde construir un sistema político capaz de adaptarse a los tiempos y a los desafíos del futuro sin ignorar las lecciones y salvaguardas aprendidas en el pasado.

La segunda cuestión resuelta por la sentencia del Tribunal Constitucional dirime que no corresponde a la justicia, valorar, sancionar o acreditar intenciones y objetivos políticos; que la labor del poder judicial no es reemplazar, corregir o reinterpretar al poder legislativo, sino aplicar el espíritu y la letra de la ley. En otras palabras, la política no se hace en los juzgados y los jueces no pueden prohibir hacer política.

Antes de que agosto se lo lleve todo por delante y nos deje a la mayoría al borde de algo refrescante, Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular ya tienen la excusa perfecta para ir a por la séptima manifestación contra el malvado sanchismo y en defensa de la unidad de España. Las posibilidades de una convocatoria encabezada por una pancarta que reúna las palabras amnistía y corrupción en la misma frase se antojan infinitas para el relato antisanchista. De paso, tampoco sería una mala manera de salirse del ridículo épico en que se han metido abrazando a Donald Trump y Mark Rutte en el asunto del 5% por esa querencia histórica de la derecha española a elegir el bando equivocado.