El Poder Judicial rechaza por unanimidad que los jueces puedan hacer huelga porque no hay “soporte” legal

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad que el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados “carece, en el momento actual, de soporte normativo”. En consecuencia, “no procede tener por anunciada” la convocatoria de paros prevista para los días 1, 2 y 3 de julio por todas las asociaciones menos las progresistas. Además, el órgano subraya que no tiene competencia para fijar servicios mínimos. Así lo recoge el acuerdo propuesto por la presidenta del órgano, Isabel Perelló, y que ha tenido el respaldo de todo el pleno en la sesión extraordinaria celebrada este jueves.

Los diez vocales conservadores se han sumado, además, a una versión más amplia de ese mismo texto que respalda parte de las reivindicaciones de los promotores de los paros, al tiempo que reconoce a los jueces “los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables”. Ese acuerdo salido adelante por 11 de los 21 votos: los diez vocales elegidos a iniciativa del PP y la presidenta Perelló. Nueve vocales progresistas han votado en contra y otro se ha abstenido.

Ese texto suscrito por mayoría también incluye críticas al proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Considera la medida “injustificada” y contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional. El acuerdo también reconoce a los jueces “los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables”.

El pleno ha rechazado el documento presentado por nueve de los diez vocales del grupo progresista, que han rechazado la versión más extensa del texto finalmente aprobado. El escrito suscrito por los ocho vocales elegidos a propuesta del PSOE y una a iniciativa de Sumar también defendía que el derecho a la huelga por parte de los jueces “carece de soporte normativo” y rechazaba fijar servicios mínimos. Pero añadía, además, que los jueces, como integrantes de un poder del Estado, deben cumplir con sus obligaciones “sin que sea posible la suspensión o alteración de la actividad judicial derivada del llamamiento a una movilización que no cuenta con el amparo normativo correspondiente”.

Además, el vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, presentó un tercer texto que apostaba por reconocer el derecho a la huelga de los jueces, pero finalmente lo ha retirado y no se ha llegado a votar, de acuerdo a las fuentes consultadas. Su tesis es que hay que distinguir la doble naturaleza del juez, como titular de un poder y empleado público. Y que, en tanto que empleado público, tiene derecho a la huelga.

Precedente de 2009

Con esta decisión, el CGPJ mantiene el criterio expresado en 2009, cuando se celebró la primera huelga de jueces de la democracia. Entonces, el órgano afirmó por unanimidad que no había “cobertura legal” para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces. Así que dio por no anunciada la convocatoria y tampoco fijó servicios mínimos.

La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero en el caso de jueces y fiscales está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos.

En las cinco convocatorias previas —con gobiernos del PP y del PSOE— quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día, como le ocurre al resto de trabajadores, pero solo quedó reflejado a efectos estadísticos. Y fueron únicamente ciudadanos y abogados los que pagaron las consecuencias de los paros con la suspensión de juicios u otras actuaciones judiciales previstas.

El pasado lunes, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños remitió un oficio al CGPJ en el que apuntaba que si el órgano optaba por dar por no anunciada la convocatoria de paro —como finalmente ha ocurrido— deberá tomar “medidas” para restar el salario a “quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada”. Justicia pide al CGPJ una respuesta antes del 1 de julio, cuando está prevista la primera de las tres jornadas de paros consecutivos.