Una de las principales inquietudes de muchos propietarios es cómo actuar ante la okupación ilegal de una vivienda . En caso de que esto ocurra, la Policía Nacional advierte de que no se pueden cortar servicios básicos como el agua, la electricidad o el gas ya que podría ser considerado un delito. Para prevenir la okupación ilegal, las autoridades aconsejan mantener comunicación con los vecinos para que puedan alertar en caso de intrusión. También es recomendable no publicar fotogradías de las vacaciones en redes sociales y reforzar la seguridad del hogar , por ejemplo, instalando un bombín «precortado» en la puerta.. En cualquier caso, la okupación ilegal de viviendas en España continúa siendo un problema que afecta a muchas personas en España por lo que es importante conocer cómo se puede actuar y cuánto tiempo se tarda en desalojar a estos individuos. Y es que, desde que el propietario comienza a tomar acción, se inicia un proceso legal que se puede dilatar varios meses hasta que se consigue la expulsión de los okupas. Tal y como explican desde Zarzo Fincas, «si logras demostrar que han ocupado tu inmueble en las últimas 48 horas , la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial ». No obstante, en caso contrario, es necesario recurrir a la vía judicial presentando una demanda por la vía civil por desahucio o penal por un delito de usurpación de bienes inmuebles. No obstante, el tiempo que se tarda en dar resolución a los diferentes procedimientos de desalojo de los okupas puede variar notablemente dependiendo de la región. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 en Galicia «los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas» tuvieron una duración media de nueve meses . En 2018 era de 4,3 meses. Esta cifra es menor que la de la media de España, donde se tarda 12 meses de media , es decir, un año completo, en echar a un okupa, según datos de 2023. Estos datos también los recoge el portal inmobiliario Idealista que a estos procedimientos verbales les suma las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles. En ese caso, el CGPJ sitúa estas en Galicia en una media de 8,9 meses . Siguiendo este cálculo, en Galicia el plazo total se elevaría hasta los 17,9 meses de media.
