Subsidios por incapacidad en la Caja: incentivos desalineados
La noticia publicada por La Nación sobre el uso desproporcionado de subsidios por incapacidad entre los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revela algo más profundo que un dato escandaloso: expone los efectos de incentivos mal diseñados que distorsionan el uso de recursos públicos y afectan la equidad entre trabajadores.
En 2024, la CCSS gastó ¢135.357 millones en subsidios por incapacidad. De ese total, ¢38.327 millones (casi el 30%) se destinó a su propio personal. Esto, a pesar de que sus empleados representan apenas el 3,2% de los trabajadores asegurados en el país.
No es un patrón nuevo: en 2023, el porcentaje fue del 28%, y en los años anteriores fue similar. Además, los empleados de la Caja se incapacitan en promedio 2,25 veces al año, siete veces más que el promedio nacional (0,3 veces).
No hablamos del mayor patrono del país, pero sí del que más incapacidades registra. ¿Es que se enferman más? La explicación oficial apunta a una mayor “exposición al riesgo”, por tratarse de personal que brinda servicios de salud. Pero si esto fuera cierto, los datos deberían estar acompañados de análisis clínicos, epidemiológicos y comparativos.
Lo que sí sabemos es que los funcionarios de la CCSS reciben el 100% de su salario durante una incapacidad (60% lo cubre el Seguro de Salud, 40% lo asume la propia Caja). El incentivo económico para incapacitarse es claro y poderoso.
Este caso no es aislado. Otros beneficios especiales en el sector público –como jubilaciones privilegiadas, más días de vacaciones o pagos por disponibilidad– han creado islas de privilegio difíciles de justificar en un país que busca eficiencia y justicia distributiva.
Estos incentivos, más que premiar la excelencia, perpetúan desigualdades y erosionan la confianza pública. La discusión que urge no es si ciertos grupos merecen más, sino si el Estado puede sostener un modelo con beneficios tan desiguales y poco transparentes.
La evidencia está sobre la mesa. El reto es traducirla en reformas que alineen incentivos, garanticen trato justo y protejan la sostenibilidad de lo público. Cerrar estos portillos exige voluntad. Reformar el reglamento interno que otorga el 40% extra sería un primer paso para alinear beneficios con principios de equidad y sostenibilidad. No se trata de castigar a nadie, sino de corregir excesos que no resisten análisis.
Andrés Fernández Arauz es economista.