La Audiencia de Guipúzcoa ha condenado a 71 años, 5 meses y 9 días de prisión a un profesor de surf de Hondarribia por abusar sexualmente de once menores de edad y por posesión de material de explotación infantil. El juicio contra el acusado arrancó el pasado mes de marzo, cuando la Fiscalía reclamó 85 años de cárcel por unos hechos que se alargaron entre 2011 y 2021. Cuatro meses después, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa le impone penas de entre 4 años y un día y 12 años de prisión por cada uno de los once delitos de abuso sexual en su modalidad de prevalimiento de situación de superioridad. Además, se suman 5 meses por el material intervenido con contenido sexual de menores. Se ganaba su confianza para después pasar a darles besos y abrazos en la intimidad y terminar practicando relaciones homosexuales explícitas y completas . Ya fueran en su furgoneta, su domicilio o en los campamentos que organizaba para aprender a surfear. Este era el 'modus operandi' de este monitor, según figuraba en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que tuvo acceso entonces 'El diario vasco'. Así, «se aprovechaba de las actividades que desarrollaba para ganarse la confianza de sus alumnos, los cuales lo veían como una figura a seguir». Elegía a uno de ello, alumno, «mayoritariamente del sexo masculino», al que distinguía «del resto del rebaño». Las relaciones se producían en los trayectos a la playa en su furgoneta. Según el fiscal, aprovechaba esos trayectos para darles besos, abrazos, tocamientos en las zonas genitales, primero por encima de la ropa y, en las relaciones más consolidadas, también por debajo del pantalón. Varios menores (de 16 años de edad) detallaron antes de celebrarse el juicio «masturbaciones» o «felaciones» mutuas. Los abusos sexuales también habrían tenido lugar en la vivienda que el procesado compartía con su madre, así como en los bungalós o tiendas de campaña donde se alojaban en los campamentos de una semana que organizaba en las Landas (Francia). Más allá de las penas de prisión, la Sala fija que el acusado indemnice a las víctimas con cantidades que van desde los 3.000 a los 30.000 euros y establece otras medidas como libertad vigilada y la prohibición de acercamiento y comunicación con ellas. Además, la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le inhabilita para cualquier profesión que con lleve un contacto regular y directo con menores de edad.
