Rosa Icela Rodríguez anuncia 10 acciones para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas

Como parte del compromiso del Gobierno de México para atender de manera prioritaria la crisis de desapariciones en el país, este miércoles fueron presentadas diez acciones clave para poner en marcha las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas.

En conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se dieron a conocer los plazos estimados y las instituciones que participarán en la ejecución de estas medidas.

La funcionaria recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido que este tema se atienda como una prioridad nacional.

¿Qué acciones se implementarán para atender el tema de desapariciones forzadas?

Entre las principales acciones destacan:

1. La expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda, con fecha límite del 15 de octubre de 2025.
2. La actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), integrando planes de seguridad y protección a familias.
3. La puesta en marcha de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.
4. El uso de datos biométricos e imágenes satelitales en procesos de búsqueda.
5. El fortalecimiento de fiscalías especializadas y del Banco Nacional de Datos Forenses.
6. La creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación.
7. La atención del rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.
8. El acompañamiento integral a hijas e hijos de personas desaparecidas.
9. La próxima sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.
10. La armonización de leyes locales con la Ley General.

Estas medidas se derivan del proceso de diálogo y colaboración con más de 450 colectivos de víctimas, redes y plataformas, que presentaron 570 propuestas en materia legislativa y de política pública, agrupadas en cinco ejes: búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos, bienestar y prevención.

“No basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en armonizar instrumentos normativos y en diseñar una política pública integral que atienda las exigencias de los colectivos y familias,” afirmó la titular de Gobernación.

El proceso ha contado con la participación de 17 instituciones nacionales e internacionales, incluyendo el Renapo, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CNDH, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Rodríguez estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina; la fiscal Sara Irene Herrerías; el director de Renapo, Arturo Arce; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso.