Diputados acusan “institucionalización del abuso” por cobros indebidos en cuentas eléctricas

Tras revelarse que algunas empresas eléctricas estarían financiando compensaciones por cortes de suministro mediante cobros en las cuentas de los usuarios, los diputados Rubén Oyarzo (PR-IND), Camila Musante (PPD-IND) y Marcela Riquelme (PR-IND) presentaron un proyecto de ley que prohíbe y sanciona estas prácticas.

Además, los parlamentarios reiteraron su llamado al Presidente Gabriel Boric para que utilice las facultades que le otorga una iniciativa actualmente en la Comisión de Constitución, con el fin de renegociar los contratos con las generadoras eléctricas.

Respecto a lo anterior, la diputada Marcela Riquelme (PR-IND) anunció un nuevo proyecto de ley que busca impedir que compensaciones y multas impuestas a las empresas eléctricas se carguen a las tarifas de los usuarios.

“Esto es la institucionalización del abuso. Lo que solicitamos es que estos costos se paguen con las utilidades de las empresas, no con el bolsillo de los consumidores”, afirmó.

Asimismo denunció que, durante la última sesión de la Comisión Investigadora de los Cortes de Luz, se evidenció que las empresas no han entregado la información necesaria para pagar compensaciones adecuadas. “Eso es un abuso del derecho, y queremos que sean las empresas las responsables de sus propios errores”, advirtió.

A su vez, el diputado Rubén Oyarzo (PR-IND) calificó la situación como “otro abuso” y enfatizó que “no puede ser que los chilenos y chilenas tengan que pagar las compensaciones de las empresas. Tenemos un alza de un 70% en las cuentas de la luz y, además, los usuarios deben asumir los costos de los errores empresariales”.

En ese sentido, recordó que en el gobierno anterior se renegociaron contratos de autopistas y concesionarias, por lo que instó al Ejecutivo a actuar con la misma firmeza. “Si necesita más atribuciones, Presidente, póngale urgencia al proyecto que está en la Comisión de Constitución”, insistió.

Por su parte, Camila Musante (PPD-IND) advirtió que este escenario fue anticipado hace más de un año, tras un cambio normativo impulsado por la CGE.

“Las fallas en el servicio, que han generado pérdidas materiales y humanas, son financiadas por las mismas personas afectadas”, señaló. Por lo mismo, anunció acciones legales en contra de la institución encargada de la política energética por los cortes prolongados en Talagante, Melipilla y Maipo, buscando compensaciones reales para los afectados.

“El precio de la energía está amarrado a cinco contratos con grandes generadoras. Es ahí donde hay que intervenir para que los chilenos dejen de ser abusados”, agregó.

El debate se intensifica a semanas de que finalizó la segunda etapa del proceso de postulación al subsidio eléctrico, con cerca de 300 mil nuevas solicitudes que se suman a los cerca de dos millones de beneficiarios. Sin embargo, los parlamentarios insistieron en que estas medidas son insuficientes frente al modelo tarifario actual e instaron al Presidente a renegociar los contratos.