La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presidido este jueves una reunión de trabajo con los agentes sociales y económicos de la región para evaluar la evolución del comercio exterior y la repercusión de las amenazas arancelarias planteadas por el presidente de los Estados Unidos sobre sectores estratégicos para la comunidad autónoma. En el encuentro han participado el jefe de servicio del ICEX en Castilla-La Mancha, Fernando del Cubo; el representante del departamento económico y financiero de CECAM, José Javier Fernández; la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María Ángeles Fernández; la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, y el secretario regional de CCOO, Javier Ortega. En una primera reunión, celebrada el pasado 4 de abril, valoraron las consecuencias que los aranceles anunciados por Donald Trump pueden tener en España y especialmente en Castilla-La Mancha y estudiar cómo iba la situación de los mercados y la incidencia en las empresas y el empleo en la región. La reunión de trabajo mantenida este jueves forma parte de la estrategia acordada entonces con los agentes sociales. «El mundo y Europa vienen sufriendo una guerra comercial, u nas medidas tarifarias y arancelarias injustas« , ha dicho Tolón, quien ha confesado estar más tranquila tras el acuerdo con Japón y estar más cerca el de UE, que fijaría los aranceles en el 15%. «Estamos actuando con responsabilidad, diálogo y anticipación para proteger nuestra economía y garantizar que las empresas de Castilla-La Mancha puedan seguir creciendo, generando empleo y abriéndose al mundo«, ha añadido la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Y ha recordado que a pesar del contexto internacional adverso, las previsiones para el comercio exterior de Castilla-La Mancha siguen siendo positivas. Según el ICEX, en 2025 las exportaciones de la región podrían alcanzar los 11.380 millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 6,4%. También ha mencionado algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para estimular la economía regional, como más de 100 millones de euros en Incentivos Regionales para proyectos empresariales en 2024 y 2025; 206 millones en ayudas al sector agroalimentario desde 2022, con cerca de 99.000 beneficiarios; más de 2.400 millones de euros del Plan de Recuperación, con más de 63.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha, el 78% del sector empresarial, además de la mayor financiación autonómica de la historia, con 6.953 millones en entregas a cuenta para Castilla-La Mancha en 2025. Por su parte el el jefe de servicio del ICEX en Castilla-La Mancha, Fernando del Cubo, ha destacado que la UE, además de estar intentando llegar al mismo acuerdo alcanzado entre EEUU y Japón, también trabaja en paquetes de contramedidas. «Ya había aprobado uno de 21.000 millones y se estaba trabajando en otro de 72.000 millones por si el 1 de agosto lo que nos encontramos es que no hay acuerdo y se impone un arancel del 30%, ha afirmado Del Cubo tras reconocer que si el acuerdo fuera de un 15% »serían muy buenas noticias y el impacto sería reducido«, aunque ha advertido que el nivel de proteccionismo sería mucho mayor y habría que impulsar la competitividad de las empresas y la diversificación de mercados. Desde Cecam, José Javier Fernández, ha señalado que las empresas tienen productos inmovilizados «porque no saben lo que va a venir» y ha demandado un flujo de información, interlocución con las administraciones para que se puedan articular las ayudas. En el mismo sentido se ha pronunciado Lola Alcónez, de UGT, quien ha pedido que se articulen las medidas necesarias para que, tanto las personas trabajadoras como las empresas, no se vean afectadas por los aranceles del gobierno estadounidense. Y Javier Ortega, de CCOO, ha destacado que objetivo es garantizar que la política arancelaria no acabe afectando negativamente a los trabajadores y trabajadoras y a sus puestos de trabajo, asegurando la protección del empleo en los sectores afectados. «Las medidas que los gobiernos, las empresas y los agentes sociales tengan que poner en marcha en caso de ser necesario tienen que tener el fin prioritario de salvaguardar el empleo y a las empresas», ha concluido.
