En España, una de las mayores preocupaciones en torno a la vivienda es la ocupación ilegal. Aunque no es un fenómeno nuevo, la lentitud de la justicia y la falta de medidas claras generan frustración entre propietarios. Muchos extranjeros, de hecho, se quedan completamente sorprendidos al comprobar que la ley no siempre protege al dueño. Este es el caso de Per, un ciudadano sueco que vive en España desde hace años y que no da crédito a lo que ha vivido. En declaraciones a Antena 3, ha denunciado la ocupación ilegal de un piso de su edificio desde 2014. En este tiempo ha sufrido allanamientos, incendios provocados y constantes intervenciones policiales. Sin soluciones, ha recurrido al Parlamento Europeo. Per asegura que la situación ha sido límite. «Hemos pasado miedo porque el piso ha sido un foco de narcotraficantes, que no son los vecinos más agradables del mundo», cuenta. A lo largo de los años han pasado varios perfiles de okupas. Uno incluso quería presidir la comunidad de vecinos, algo que él considera absurdo. El origen del conflicto está en una herencia vacante. La propietaria de la vivienda falleció en 2014 sin dejar herederos conocidos, lo que convirtió el piso en una especie de tierra de nadie. Desde entonces, las autoridades intentan localizar a algún familiar indirecto que pueda hacerse cargo del inmueble, pero sin éxito. Ante la falta de avances, Per ha llegado a buscar soluciones por su cuenta, incluso recurriendo a herramientas de inteligencia artificial para rastrear posibles herederos. Lo más preocupante, según denuncia el sueco, es la inacción institucional.
