Nueve meses después de la tragedia del barranco del Poyo, con un saldo de 228 fallecidos, las responsabilidades políticas siguen sin ser depuradas. Tampoco las de quienes, por omisión, desatendieron su deber de alertar de la crecida de un caudal cuya vigilancia tienen encomendada y para la que cuentan con instrumentos precisos. Solicitado por la juez que instruye la causa, el exhaustivo informe realizado por la Guardia Civil pone de manifiesto la inexistencia de avisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) entre las 16.15 y las 18.43 horas del pasado 29 de octubre, cuando ese barranco ya era una trampa mortal. El Instituto Armado detecta la «aparente ausencia de control» sobre una riada cuya magnitud fue comunicada por la CHJ cuando no había margen de maniobra administrativa para contenerla. Le toca a la juez actuar en consecuencia tras un informe que apunta a las responsabilidades de quienes, en el Gobierno y la Administración central, aquel día tampoco estuvieron donde tenían que estar.
